30 ciudadanos vascos se han declarado en quiebra este año

30 ciudadanos vascos se han declarado en quiebra este año
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Buscan una segunda oportunidad para no hipotecar el resto de sus vidas

Carmen Larrakoetxea
CARMEN LARRAKOETXEA

Una treintena de ciudadanos vascos -ni empresarios ni autónomos- se han declarado en quiebra ante los juzgados en el primer semestre de este año. Persiguen buscar una solución a su alto endeudamiento para no hipotecar así el resto de su vida. Esta cifra dobla la registrada en el mismo periodo del año anterior, según los datos contabilizados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y se acerca mucho a los 37 casos registrados en todo el ejercicio de 2017, lo que apunta a que al finalizar este año el nivel será claramente superado.

A pesar de este fuerte incremento, el magistrado de la Audiencia de Bizkaia Edmundo Rodríguez Achútegui descarta que se deba a un empeoramiento tan notable de la situación económica de las familias. A su juicio, este alza responde al mayor conocimiento que, por parte de los abogados y de los ciudadanos, hay sobre la protección legal que permite la figura del Concurso de Acreedores a las personas sobreendeudadas, especialmente después de la última reforma efectuada en 2016. «Desde el Consejo General del Poder Judicial y desde la Abogacía se está realizando un gran esfuerzo para difundir y formar al personal vinculado con la Justicia con el fin de que puedan asesorar mejor a estas personas y tratar de hallar una solución», subraya.

El desglose de los datos del periodo de enero a junio de este año muestran cómo en Bizkaia fueron 14 las personas que se declararon en concurso de acreedores; otras 11 lo hicieron en Gipuzkoa y 5, en Álava. Si se contrasta con lo sucedido en el ejercicio completo de 2017, en Gipuzkoa las personas que acudieron a los juzgados a tramitar su quiebra fueron 19, en Bizkaia, 15 y en Álava, sólo 3. En el conjunto de España, las quiebras personales en el primer semestre fueron presentadas por 1.591 personas, con un aumento del 39% respecto del mismo periodo del año anterior. Por lo que se refiere al ejercicio completo de 2017, el número de ciudadanos que acudió a los juzgados para tramitar un concurso se elevó hasta los 2.237, lo que vuelve a marcar una tendencia al alza del 41,6%.

En estas cifras se incluye exclusivamente a ciudadanos particulares y no los casos de quiebras relacionadas con empresarios o autónomos que se han visto igualmente arrastrados por las pérdidas de sus negocios. La tramitación de esos casos no se realiza por los Juzgados de Instrucción, sino por los Juzgados de lo Mercantil.

Frente a la mala imagen social de los morosos, el magistrado Rodríguez Achútegui puntualiza que en muchos casos estas crisis económicas personales son fruto de la mala suerte o surgen por circunstancias no provocadas directamente por los afectados. «Hay gente que termina así porque su empresa cierra, pierde su trabajo y empieza a no poder hacer frente a los pagos de la hipoteca ni del resto de las facturas, y trata de puentear la situación con nuevos créditos que después no puede pagar. O le embargan la casa y la subasta del inmueble no cubre la totalidad del préstamo solicitado y se ve arrastrado a una deuda que no puede cubrir. O sufre un accidente o enfermedad que le incapacita para trabajar. Otros prestaron un aval a algún familiar o amigo que dejó de pagar el crédito... La casuística es mucha», explica el magistrado.

Por ello, insiste en que hay «muchos deudores de buena fe» para los que «si no se arbitra ninguna solución -que suele ser condonar parte de la deuda-, además de perder todo lo que tienen, ven cómo sus deudas cada vez son mayores, porque además en muchos casos los intereses de demora son altísimos, cuando no abusivos. De esta forma, la mayoría de estas personas terminan totalmente empobrecidas y condenadas a la economía sumergida durante el resto de su vida para poder subsistir».

En cambio con la actual legislación del Concurso de Acreedores, tras la última reforma de 2016, existe la posibilidad de «cortar ese círculo vicioso» y articular «una segunda oportunidad» a través de la cual ese ciudadano pueda rehacer su vida y trabajar legalmente, volver a cotizar a la Seguridad Social, pagar impuestos...

El magistrado enfatiza que este tipo de mecanismos legales existen en otros países desde hace mucho tiempo y no suponen el mismo estigma social y económico que han padecido muchos ciudadanos españoles. Así, recuerda el caso de capitanes de empresa como Henry Ford, que se declaró en quiebra personal -'bankruptcy' en inglés- en varias ocasiones antes de crear la multinacional automovilística que hoy todos conocemos.

La figura legal del Concurso de Acreedores permite a la persona en quiebra llegar a un acuerdo de pagos con sus acreedores. Habrá de pagar su deuda durante cinco años, pero serán pagos ajustados a sus condiciones económicas reales (ingresos, gastos indispensables para poder vivir, etc). Aunque en la mayoría de los casos no llegan a cubrir el conjunto de lo que se debe, sí hay un esfuerzo de pago. Con el resto de la deuda, el Concurso de Acreedores, mediante resolución judicial, permite «la exoneración del pasivo insatisfecho», lo que supone de facto la eliminación de esa parte pendiente. Sobre ese «perdón» de la deuda, especifica el juez, «lo cierto es que el deudor tiene que hacer un esfuerzo durante esos cinco años; pero al final del periodo puede empezar una nueva vida, sin deudas, y no quedar condenado a la marginación y a la economía sumergida el resto de su vida».

 

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