Las Haciendas vascas tramitarán el bono anticrisis en Euskadi aunque se desconoce cuándo se podrá solicitar
Las familias vulnerables del País Vasco siguen a la espera de saber cuándo podrán solicitar la ayuda de 200 euros, que desde hoy ya se puede reclamar en el resto del Estado
IMANOL LIZASOAIN
Viernes, 8 de julio 2022, 10:05
Las Haciendas forales vascas serán las encargadas de tramitar la petición del bono social anticrisis de 200 euros para familias vulnerables, según fuentes del Gobierno ... central consultadas por este periódico. La solicitud de esta ayuda va con retraso en Euskadi y Navarra respecto al resto del Estado, donde desde hoy viernes se puede ya pedir, ya que las instituciones vascas desconocen a día de hoy, según ha podido comprobar este diario, quién, cómo y cuándo deben activar esta ayuda. En la nota emitida ayer por el Ministerio de Hacienda y Función Pública se especifica, sin mayores precisiones, que en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra son las «instituciones vascas» las encargadas de gestionar la ayuda.
La Hacienda estatal recoge en su formulario que «los solicitantes de esta ayuda cuyo domicilio fiscal se encuentre en el País Vasco o Navarra deberán solicitarla a las instituciones vascas o navarras», sin mayores precisiones. Aunque la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, anunció ayer que hoy viernes comenzaba el plazo para solicitar esta ayuda, fuentes del Gobierno Vasco, Diputación y Delegación del Gobierno aseguraron a última hora de ayer que ignoraban los pasos y plazos que deben seguir los vascos para tramitar este cheque de 200 euros. En el conjunto de España, los afectados deben reclamarlo en el formulario electrónico de la Agencia Tributaria antes del 30 de septiembre.
EL DATO
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89.428 contribuyentes del territorio declararon por debajo de los 13.200 euros en las declaraciones de la Renta de 2020, lo que da una idea del impacto que puede tener esta medida, aunque hablamos de rentas individuales y no de familias.
Para recibir esa ayuda, los beneficiarios deben residir en hogares en los que la suma de las rentas que perciban los convivientes sea inferior a 14.000 euros en 2021 y cuyo patrimonio descontando la vivienda habitual no supere los 43.196,40 euros.
El cómputo de ingresos y de patrimonio se efectuará de manera conjunta, considerando todas las personas que residan con el beneficiario en un mismo domicilio a fecha 1 de enero de 2022 «y estén unidos entre sí por matrimonio o análoga relación de afectividad a la conyugal con al menos dos años de antelación o por parentesco, hasta el tercer grado, incluido los afines, con cualquiera de los anteriores».
540 millones de ayuda
Los beneficiarios deben tener residencia en España en la fecha de entrada en vigor del decreto, desde el 27 de junio, y haberla tenido de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año inmediatamente anterior.
El Gobierno prevé destinar 540 millones a esta ayuda de 200 euros, que consistirá en un pago único y que el Ejecutivo prevé que beneficiará a 2,7 millones de personas. La solicitud se deberá presentar en la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria rellenando un formulario electrónico antes del 30 de septiembre de 2022, en el que deberá figurar la cuenta bancaria en la que se desee que se realice el abono. Transcurridos tres meses desde la finalización del plazo de presentación del formulario sin haberse efectuado el pago, la solicitud podrá entenderse desestimada, aunque cabe recurso.
No podrán solicitarlo quienes ya cobren el Ingreso Mínimo Vital
Existen distintas incompatibilidades para poder acceder al bono social de 200 euros que aprobó el Gobierno Sánchez. Así, aquellas personas que ya cobren el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o reciban pensiones del Régimen General y los Regímenes especiales de la Seguridad Social o por el Régimen de Clases Pasivas del Estado están excluidos de solicitar esta ayuda.
Para estos colectivos, el Real Decreto-ley contempla ya medidas concretas como la prórroga del incremento del 15% del Ingreso Mínimo Vital o de las pensiones no contributivas, que implica incrementos anuales superiores a los 200 euros. Y, en el caso de las pensiones contributivas, el Gobierno garantiza el incremento en línea con la inflación para garantizar que no existe una merma del poder adquisitivo.
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