El aumento en Álava de los mínimos exentos del IRPF abre una brecha entre las diputaciones

De izquierda a derecha, Unai Rementeria, Ramiro González y Markel Olano, diputados generales de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa, respectivamente./MANU CECILIO
De izquierda a derecha, Unai Rementeria, Ramiro González y Markel Olano, diputados generales de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa, respectivamente. / MANU CECILIO

Además de romper la armonización fiscal, rebajará los ingresos en ese territorio y ello complicará la negociación de la Ley de Aportaciones

Manu Alvarez
MANU ALVAREZ

Hay medidas que son aparentemente positivas y que, sin embargo, en determinadas circunstancias pueden provocar un auténtico descalabro. Algo así sucede con la decisión tomada en las Juntas Generales de Álava, donde se ha adoptado un cambio significativo en la normativa del Impuesto sobre la Renta: el límite para estar obligado a presentar la declaración anual del IRPF se eleva de los 12.000 euros actuales a la cifra de 16.800 euros. El acuerdo, como ya es conocido, fue adoptado en contra de los deseos del equipo de gobierno foral alavés, formado por PNV y PSE, y gracias a la alianza de buena parte de la oposición, en concreto de PP, EH Bildu y Orain Araba. Y no parece que en Bizkaia o en Gipuzkoa estén por la labor de seguir esa estela.

Al margen del revés político que representa para el tándem PNV-PSE, ese cambio tiene una trascendencia significativa. La cuestión más importante, apuntaron ayer a EL CORREO representantes de las administraciones forales vascas, es que supone una dificultad añadida para alcanzar un pacto en la nueva Ley de Aportaciones, que lleva un retraso de siete años y que ya había encontrado numerosos escollos. La ley en cuestión regula el reparto de los ingresos fiscales entre las diferentes administraciones vascas. Esto es, el destino de la recaudación de tributos que realizan anualmente las diputaciones. La ley actual está prorrogada y ha sido duramente criticada por las diputaciones de Álava y Gipuzkoa porque, estiman, supone para estos territorios un esfuerzo de desembolso extraordinario que no es paralelo a su capacidad de recaudación.

Sostener al Gobierno

En términos sintéticos, el Gobierno vasco recibe el 70% de todo lo que se recauda y, aunque también está abierta la discusión sobre si es ese el porcentaje adecuado, el reparto territorial es lo más polémico. Las últimas cifras oficiales indican que, de cada 100 euros que recibe el Ejecutivo de Vitoria, 50,41 proceden de la Diputación de Bizkaia; 33,21 de Gipuzkoa y 16,38 de Álava. Y tanto Álava como Gipuzkoa sostienen que sus porcentajes de aportación son superiores al peso relativo de sus ingresos, de ahí que vienen a sugerir que Bizkaia debería aumentar su esfuerzo financiero.

¿Qué sucederá a partir de ahora al elevar Álava el mínimo exigible para presentar la declaración del IRPF? Los expertos estiman que, aunque, de forma muy ligera, ello va a contribuir a que este territorio reduzca sus ingresos anuales por este impuesto. En otras palabras, si hasta ahora existía una desviación entre ingresos fiscales y contribución al Gobierno vasco, con esta medida esa diferencia será aún mayor.

Las tres medidas que acaba de aprobar Álava

1.000
euros de 'cheque bebé' si losingresos familiares son de hasta 40.000 euros anuales.Será de 500 euros si están entre los 40.000 y los 75.000.Y de 250 euros si pasan de los 75.000 al año.
2
millones para mayores de 65 años residentes en Álava. Habrá ayudas si los ingresos son inferiores a 20.000 euros en los hogares unipersonales; a 25.000 si la familia tiene dos miembros; a 30.000 si tiene tres; y a 35.000 si son cuatro.
16.800
euros es el límite al que se ha elevado el mínimo exentopara tener obligación dehacer la declaración de la Renta a partir del próximo año, el 2020, cuando el umbralactual estaba situado en los 12.000 euros.

Y el problema está en que la Ley de Aportaciones establece que la recaudación es un dato, pero no el único ni el más importante para decidir qué esfuerzo debe hacer cada territorio en el sostenimiento del Gobierno vasco, ya que el fundamental es el PIB. Esto es, la riqueza que genera cada territorio. Explicado en términos coloquiales pero simples, la ley les viene a decir a las diputaciones de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa algo así como: 'Nadie os discute vuestra capacidad para aprobar normas fiscales distintas, y nadie os dice si sois eficaces o no en la lucha contra el fraude. Pero ya podéis tener cuidado en ambas cuestiones, porque nadie os va a perdonar una recaudación más baja que la que corresponde a la riqueza que generáis'.

Y es que el mecanismo tiene algo de diabólico, porque las peculiaridades de cada territorio hacen que a una misma generación de riqueza le corresponda una recaudación fiscal diferente. ¿La razón? En el caso de Gipuzkoa, por ejemplo, la presencia de cooperativas en el entramado empresarial es importante o, al menos, con un mayor peso que en el resto de territorios. Y mientras las sociedades mercantiles convencionales tributan con un tipo general del 24% en el Impuesto de Sociedades, las cooperativas lo hacen al 20% y aportan menos al fisco.

Más difícil todavía

Si Gobierno, diputaciones y ayuntamientos -que también tienen voz y voto en esta cuestión- ya habían incumplido su compromiso de alcanzar un acuerdo para renovar la Ley de Aportaciones antes de que terminase 2018, el pequeño viraje de Álava da munición a Bizkaia para mantener su postura. Una postura contraria a que se incremente su esfuerzo de aportación al sostenimiento del Presupuesto del Gobierno vasco, en beneficio de Álava y Gipuzkoa.

Al margen de estas cuestiones que van a dificultar el acuerdo en la Ley de Aportaciones, al menos hasta después de las próximas elecciones forales -ningún Ejecutivo quiere presentarse a los comicios como perdedor en esta batalla-, la decisión de las Juntas Generales de Álava rompe también el principio de armonización fiscal, regulado incluso por una ley un tanto ambigua del Parlamento vasco. En términos generales, ese criterio de armonización admite que la competencia normativa reside en las diputaciones, pero establece que Bizkaia, Álava y Gipuzkoa deben tener normativas fiscales similares. A pesar de ello se admite que pueda haber diferencias, para atender precisamente algunas peculiaridades de la estructura económica de cada territorio. Pero, ¿hay razones para eximir de la declaración de Renta, en distintas condiciones, a un alavés, a un vizcaíno y a un guipuzcoano? De momento, esa será la realidad a partir de ahora.