La oferta anual de trabajo que recibirán los parados de la nueva Agencia de Empleo
El Gobierno creará además un portal donde se mostrarán las ofertas de trabajo público y privado
El Gobierno ha puesto en marcha un plan de modernización de las políticas públicas de empleo con el objetivo de alcanzar un mercado de trabajo «dinámico, resiliente e inclusivo». Una de las iniciativas más destacadas es la transformación del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en la Agencia Española del Empleo. El nuevo organismo prestará una atención «personalizada» a los desempleados, de forma que cada año reciban al menos una oferta de trabajo. Y obligará a las empresas a comunicar a la Administración sus vacantes de empleo a través una gran oficina donde se centralizarán todos los datos sobre el mercado de trabajo.
Todas estas novedades están recogidas en el recientemente aprobado anteproyecto de Ley de Empleo, con el que se responde a las recomendaciones formuladas por organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y la Comisión Europea (CE). La norma pretende mejorar la calidad del empleo, la orientación y el acompañamiento no sólo para los desempleados, sino también para trabajadores y empresas.
La futura agencia estatal, las comunidades autónomas y los servicios de empleo deberán ofrecer una cartera básica de servicios en materia de orientación, formación, intermediación y asesoramiento para el empleo. Según aseguró la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras la aprobación del anteproyecto de ley, cada persona dispondrá de un expediente laboral único digitalizado. Será una especie de tarjeta sanitaria que contendrá información sobre su cualificación, trayectoria y experiencia profesionales. Con ella se pretende mejorar la intermediación laboral y ofrecer asesoramiento y acciones formativas profesionales.
«Inmediatez y proximidad»
Los principios inspiradores de la nueva norma son, en palabras de la vicepresidenta del Gobierno, «la no discriminación, la transparencia en el funcionamiento del mercado de trabajo y la eficiencia en el diseño y ejecución de las políticas de empleo». Este último objetivo se alcanzará mediante a través de «un cambio en el modelo de gobernanza». Así, se otorgará un papel activo a las entidades locales para, junto con las comunidades autónomas, «ganar en inmediatez y proximidad y lograr un nivel óptimo de implantación en todo el territorio».
Respecto a la no discriminación, se utilizará la inteligencia artificial -como ya se hace en la Inspección de Trabajo- para detectar y corregir discriminaciones en el acceso y consolidación del empleo por motivo de raza, sexo, religión o convicciones, edad, etc.
Para mejorar la transparencia en el funcionamiento del mercado de trabajo se creará la Oficina de Análisis del Empleo, que centralizará todos los datos sobre el mercado de trabajo. Tanto las administraciones públicas como las agencias privadas de colocación estarán obligadas, según la ministra Díaz, a comunicar esos datos para «conocer cuáles son las ofertas que se están propiciando, en tiempo real, en el conjunto del país y realizar acciones conjuntas» en las distintas comunidades autónomas. A la hora de llevar a cabo sus búsquedas de empleo, los usuarios tendrán a su disposición un grupo de orientadores y tutores individuales (se estima que serán unos 7.000).
El ministerio de Empleo quiere desmontar «la idea de que a las oficinas de empleo acude gente desahuciada. También puede acudir gente a recualificarse o buscar un empleo mejor». De todas formas, el anteproyecto aprobado el pasado día 3 de diciembre constituye una primera lectura de la norma que, según fuentes consultadas por este periódico, puede tardar hasta un año en desarrollarse.
