La advertencia a los propietarios de pisos turísticos: habrá un refuerzo de las inspecciones

El Gobierno quiere poner coto a la proliferación de viviendas turísticas en España y poner orden en el sector para acabar con las que operan de forma ilegal. Como primer paso, a finales del pasado año aprobó una normativa para establecer un control más férreo sobre este tipo de alojamientos, que entre otros aspectos tendrán que estar inscritos debidamente en un registro obligatorio y común para todo el Estado.

El Real Decreto 1312/2024, aprobado el 23 de diciembre, regula el procedimiento de Registro Único de Arrendamientos y crea la Ventanilla Única Digital para la recogida e intercambio de datos relativos a servicios de alquiler de alojamientos de corta duración.

Aunque el nuevo marco legal entró en vigor el día 1 de enero, se fijó periodo de adaptación de seis meses.A partir de su finalización, el próximo 30 de junio, se intensificará la supervisión sobre los anuncios de este tipo de viviendas en las principales plataformas. Si en esa publicidad no figura el mismo número de registro que en la Ventanilla Única, la plataforma podrá retirar el anuncio.

La normativa, impulsada por la Unión Europea, afecta no sólo a las viviendas turísticas: también a los alquileres de temporada o por habitaciones, o cualquier propiedad ofrecida para estancias cortas a cambio de una cuantía económica. Estos propietarios están obligados a solicitar al Registro de la Propiedad un número identificativo para operar legalmente.

Las plataformas 'online', como Airbnb o Booking, que anuncian este tipo de alojamientos van a desempeñar un papel fundamental en esta labor de control. En primer lugar, porque deberán compartir con la administración pública competente (ya sea el Ministerio de Vivienda como los departamentos correspondientes de las comunidades autónomas o municipios) las información que reciban de los propietarios a través de la nueva Ventanilla Única Digital.

Pero también porque estarán obligadas a realizar inspecciones aleatorias para comprobar que los alojamientos que publicitan estén correctamente inscritos en el Registro Único de Arrendamientos creado por la nueva ley. Si no es así, deberán comunicarlo a la administración correspondiente y retirar el anuncio en un plazo de 48 horas.

Y, aunque todavía no se ha desarrollado un régimen sancionador, la normativa prevé multas para quien no siga este procedimiento. Mientras tanto, regirá lo contemplado en la legislación estatal, autonómica o municipal vigente.

Recientemente el Gobierno vasco y el Ministerio de Consumo que dirige Pablo Bustinduy acordaron reforzar la coordinación de sus acciones de control sobre las viviendas turísticas ilegales. Actualmente el Ejecutivo autonómico, a través del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, prepara una nueva Ley de Turismo que se adapte mejor a la realidad de esta clase de alojamientos.

En España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) identificó -en agosto de 2024- casi 397.000 viviendas turísticas anunciadas en las tres principales plataformas del sector: Airbnb, Booking y Vrbo.

El pasado mes de mayo el ministerio de Pablo Bustinduy impuso a la primera de ellas el bloqueo de más de 64.000 anuncios ilegales alojados en su plataforma por contravenir la normativa autonómica correspondiente sobre la publicidad de este tipo de viviendas.

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