Colapso en el SEPE: casi la mitad de oficinas es incapaz de dar citas previas

Incluso en varias provincias españolas puede decirse que ya ha colapsado, como Madrid, Guadalajara y Tarragona, donde es imposible que los ciudadanos consigan una cita previa y resuelvan sus dudas o se den de alta para cobrar una ayuda (tanto contributiva como asistencial) tras quedarse sin empleo, o bien tras haber entrado en un ERTE. Y en otras provincias como Barcelona, Baleares, Alicante, Gerona o Lérida es prácticamente imposible.

La sobrecarga de trabajo que han ido acumulando en estos últimos años, unido a la falta de personal, con una oleada de bajas y jubilaciones, hace más que complicado atender al público y ofrecer citas previas en prácticamente cuatro de cada diez oficinas a lo largo y ancho del territorio nacional. Así ha ocurrido la semana del 7 de junio, donde solo la mitad de los centros del SEPE han sido capaces de responder con una cita en un periodo inferior a una semana, según precisa CC OO en un comunicado enviado ayer. La otra mitad está claramente por encima de esos tiempos y en su gran mayoría no están operativas para el público. «Son oficinas presenciales en donde el nivel de saturación que padecen les impide ofrecer ninguna cita e incluso oficinas que temporalmente han cerrado por carecer de personal», se lamenta el sindicato liderado por Unai Sordo.

El servicio presencial se está resintiendo de forma clave en el SEPE. La última reforma de los subsidios aprobada en febrero del pasado año con el objetivo de simplificarlos establece que estas ayudas no contributivas se deben prorrogar cada trimestre de forma presencial en vez de cada seis meses, lo que ha intensificado -duplicado en realidad- la carga burocrática y la necesidad de personación del ciudadano en las oficinas, en un momento en el que el SEPE tiene serias dificultades para atender a la población desempleada y sufre graves carencias tecnológicas derivadas de la implantación de 'alma', su nuevo sistema informático.

La red de Oficinas del SEPE cuenta actualmente con un total de 4.802 efectivos repartidos entre sus 715 oficinas (más de la mitad infradotadas de personal; de hecho, once no tienen ningún empleado) y CC OO sostiene que hacen falta 2.348 personas, «un personal que debiera ser principalmente de nivel técnico para evitar la sobreexplotación que sufre actualmente un elevado porcentaje de la plantilla en la red de oficinas que se ve en la obligación de dar información y realizar gestiones muy por encima del nivel que se le puede exigir en función de la categoría con la que está contratado».

Por eso los funcionarios no quieren ir al SEPE y este organismo sufre una de las mayores tasa de vacantes de empleo público, puesto que «no es un servicio atractivo», por su intensa carga de trabajo, un perfil de funciones muy técnicas y cualificadas y un salario poco rentable, tal y como sostiene CSIF. Así lo refleja el último concurso de puestos en el organismo resuelto el pasado mes de febrero, donde se ofertaron 1.347 plazas y 598 quedaron desiertas; es decir, un 44% de los puestos se quedaron sin cubrir.

«Nos encontramos en el peor momento de la historia del organismo», advierte CSIF en un informe interno, donde hace hincapié en que la plantilla está extenuada y bajo mínimos, con solo 7.389 empleados públicos en total, de los cuales casi 500 son interinos o eventuales. Además, el grado de envejecimiento es elevado, con más de la mitad de trabajadores (56%) por encima de los 50 años y 1.500 al borde de la jubilación.

Sin embargo, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, aseguró que el SEPE «está a full» y que desde que se solicita la prestación hasta que se reconoce «solo pasan unos pocos días», 2,5 días de media, precisó.