21.600 eventuales vascos han perdido su empleo al quedar fuera de los ERTE

La destrucción de empleo temporal se explica por varias razones. Para empezar, la parálisis derivada del coronavirus ha golpeado especialmente a sectores como la hostelería o el turismo, que por su carácter estacional tiran mucho de eventuales. El problema no es solo los trabajos que se han perdido, sino que la contratación sigue muy lejos de la normalidad. En mayo se firmaron 33.700 contratos, el 36% de los que se registraron en el mismo mes del año anterior.

Otra razón es que muchos temporales se han quedado fuera del escudo de los ERTE que el Gobierno de Sánchez aprobó el 17 marzo para ayudar a las empresas a mantener el empleo, con ventajas como la exoneración en las cuotas a la Seguridad Social. Aunque de esta forma se eliminaba el coste laboral, las dudas que se generaron sobre los compromisos exigibles hizo que en muchos casos no se incluyera a los eventuales en el paraguas. Nadie quería pillarse los dedos dada la incertidumbre. No hay que olvidar que los expedientes por fuerza mayor obligan a mantener seis meses el empleo, si bien luego se aclaró que no cuentan los contratos temporales que venzan. También se han pactado otras excepciones, pero 'a posteriori' y aún por definir.

Tampoco la prohibición de despedir por causas objetivas aprobada el 31 de marzo paró del todo el golpe. «Sí sirvió de algo porque justo antes hubo una avalancha de despidos», defiende Arantza Martínez, responsable de Empleo de CC OO de Euskadi. Pero la realidad es que la mayoría de los contratos temporales tienen una duración tan corta que decaen por sí mismos. «Un 50% dura menos de un mes», recuerda Pello Igeregi, responsable de negociación colectiva de ELA. En los de 'circunstancias de la producción', que constituyen el grueso, el porcentaje es aún peor: llega al 74%.

Para más inri, los temporales abocados al paro se quedan en una situación muy vulnerable. Debido a la precariedad de los contratos, apenas suman tiempo de cotización para las prestaciones. Con objeto de compensar las ventajas concedidas a los trabajadores acogidos a un ERTE - no se les cuenta el tiempo de desempleo consumido, ni se les exige mínimo de cotización-, el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos aprobó una prestación específica para los temporales a los que se les acabe el contrato durante el estado de alarma. Pero esta ayuda solo dura un mes y su cuantía es de 430 euros, el equivalente al 80% del IPREM.

«Encima tienes que haber tenido un contrato de al menos dos meses y eso pocos lo cumplen», señala Raúl Arza, secretario general de UGT-Euskadi. Esta central ha llevado una propuesta al Gobierno vasco para que no solo complemente los ERTE de los salarios más bajos, sino que también se apoye a los que vayan al desempleo por el coronavirus, al menos durante cuatro meses. «El Ejecutivo de Urkullu puede recurrir al dinero que se va a ahorrar al cubrir el Ingreso Mínimo Vital aprobado por el Gobierno español con parte de lo que cuesta la RGI», señala. CC OO aboga por reforzar esta última. Hay que tener en cuenta que, pese a ayudas como los ERTE, muchos negocios no van a sobrevivir, lo que se traducirá en más paro.

Gran parte de los empleos temporales son ocupados por jóvenes, y de ahí que ellos hayan vuelto a ser los más perjudicados por la destrucción de empleo. Todo un golpe para una generación que apenas se había recuperado de la anterior crisis.

En este contexto, se ha reavivado el debate sobre la necesidad de acabar con la injusta dualidad entre indefinidos y temporales en el marco de la contrarreforma laboral que tanta polémica suscita. El Gobierno lo ha planteado como 'un pacto contra la precariedad'. Pero ya se ha intentado en varias ocasiones sin éxito. De hecho, era uno de los objetivos de la controvertida reforma del PP de 2012, pero, según los sindicatos, el abaratamiento del despido que recogía tuvo el efecto contrario y ayudó a sustituir a trabajadores indefinidos por temporales más baratos.

La catedrática de la UPV y directora de la Fundación Iseak, Sara de la Rica, propone cuatro recetas para abordar el problema: «Limitar la amalgama de contratos temporales a tres o cuatro; restringir la causalidad y perseguir severamente el fraude; igualar el coste de despido con el de los indefinidos, pero también eliminar la inseguridad jurídica que existe respecto al despido de los fijos, con objeto de incentivar el empleo estable; y que la norma sea un contrato indefinido con periodo de pruebas». Afirma, taxativa, que hay que acabar con la «anomalía» de que «las empresas tengan a un 25% de la plantilla en esta situación de usar y tirar, que impide a la juventud estabilizarse».

Desde la patronal, el secretario general de Cebek, Francisco Javier Azpiazu, recuerda en primer lugar que el problema de la temporalidad es mucho más grave en el sector público que en el privado -del 38% frente al 19%, según los últimos datos-. No obstante, reconoce que tiene efectos muy negativos y se deben buscar soluciones como, por ejemplo, «limar la brecha entre el coste del despido en uno y otro caso». Pero alerta contra los planteamientos que se están realizando dentro de la contrarreforma para eliminar las medidas de flexibilidad que se adoptaron en 2012. «Si se introducen rigideces, se va a desincentivar la contratación indefinida».

Los sindicatos coinciden en sus recetas: acotar las causas que justifican el contrato temporal; perseguir el fraude, para lo que piden más medios y sanciones más duras; y un cambio de modelo productivo.