Talgo alerta del riesgo para su futuro si Renfe no flexibiliza más sus condiciones

En el documento, De Palacio, que advierte de «su enorme preocupación» por la situación de la empresa, pide la revisión de varios aspectos de los contratos del operador público con el fabricante que van más allá del aplazamiento hasta 2031 del pago de la sanción de 116 millones impuesta por los retrasos de más de dos años en la entrega de 30 trenes Avril. El presidente de Talgo pide revisar cantidades y precios para poder impactar el sobrecoste de las materias primas sufrido por la industria, así como el efecto de los atascos en las cadenas de provisiones tras la pandemia. Esas medidas supondrían un alivio clave para que los bancos den el visto bueno «al esquema de financiación que estamos analizando».

La situación es grave hasta el punto de que De Palacio pide una «rápida solución» para solucionar un bloqueo que «puede acabar la historia de una empresa industrial», como lo es Talgo. Además, el presidente del fabricante insiste en que estas cuestiones son las que han venido solicitando al operador público durante estos años sin éxito. Un hecho, resalta, que genera un trato diferente al de otras compañías como la vasca CAF, Alstom o Stadler, por eso, insiste, «pedimos, y creemos que es justo, que Renfe y el Ministerio nos dé el mismo trato que tienen CAF, como empresa española, y Stadler y Alstom, como empresas europeas».

Y es que Talgo recuerda en la carta que esas actualizaciones de precios sí se dieron a los demás fabricantes, pero a ellos se les excluyó por considerar que la alta velocidad no es un servicio público. Además, la carta concreta otra reclamación. Es sobre un «autodescuento» que aplicó Renfe en el pedido de trenes por aumentar la cantidad del mismo modelo, lo que generaría sinergias en su construcción. Para Talgo, las modificaciones que solicitó el operador durante la fase de elaboración llevaron a producir cuatro modelos diferentes. De ahí, que pida con urgencia esa revisión también de precios.

Estos importes en el balance de Talgo impactan de lleno en el diseño financiero en el que trabaja el industrial José Antonio Jainaga, que lidera el consorcio vasco para hacerse con el control de Talgo. Los bancos no respaldan la financiación de la empresa y eso pone en riesgo la operación. Todo mientras el tiempo pasa, ya que el 15 de mayo es la fecha límite para que el empresario vasco, José Antonio Jainaga, cierre formalmente el principio de acuerdo que selló el pasado febrero con el accionista principal de Talgo, Trilantic, para hacerse con su posición en el fabricante de trenes. Un movimiento que daría al presidente de Sidenor el 29,7% de los títulos y, por ende, el control de Talgo. En el principio de acuerdo, el consorcio vasco fijó el pago de hasta 183 millones para hacerse con el control de Talgo en una operación en la que los Gobiernos central y vasco han apoyado a Jainaga.

Sobre la empresa pesa una deuda de 405 millones y, según los vencimientos con el «pool» de 23 bancos, en los próximos tres años debe abonar 318 millones. Además, la fuerte cartera de pedidos con más de 4.000 millones- exige una cantidad importante de líneas de crédito. Todo eso genera una estructura que agrava el pasivo y su futuro, como ha reconocido el propio presidente de Talgo en su carta.

Renfe, que ejecutó ya esos 116 millones de multa -provocaron que el fabricante cerrara 2024 con 107 millones de pérdidas- ofreció el cobro en 7 años a partir de 2031 y con un interés del 0,5% más euribor. Un planteamiento que Jainaga aceptó, pero sin renunciar a revisar importes y otras cuestiones. Fuentes del Gobierno central insisten en que se trabaja para buscar una solución.