El tabaco, un negocio para el Estado, en su encrucijada particular

El tabaco sigue siendo un negocio rentable, para el sector y también para quienes se aprovechan de él, pese a que el mayor control sanitario supuso en un primer momento un impacto importante en sus cuentas por la reducción inicial en el número de fumadores. Pero la industria quiere elevar unos márgenes que no brillan ya como a principios de siglo y ve en el cigarrillo electrónico, más conocido como 'vapeo', una alternativa clara para ir consolidando una clientela importante, buena parte procedente del mercado tradicional aunque también nuevos consumidores.

Casi tres de cada diez españoles fuman hoy en día (el 28% según los últimos datos de Eurostat, un punto menos que en 2014, y un 22% lo hace a diario), cuando en Europa el promedio es uno de cada cinco (el 26%) con griegos (37%), búlgaros y franceses (36%) y croatas (35%) como los mayores consumidores de un producto que, a la vez, sigue siendo todo un problema médico: en todo el mundo el tabaco causa una de cada diez muertes. En España, según el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), el sobrecoste sanitario y social generado por su consumo supera los 16.500 millones de euros anuales, entre el tratamiento de las enfermedades y dolencias derivadas del mismo, junto al tiempo perdido en los centros de trabajo.

Precisamente en ello la Administración justifica la elevada carga fiscal que soportan los cigarrillos, que suponen aproximadamente el 78% del precio final que abona el consumidor. Aún así, es casi un punto menos que en la zona del euro y dos por debajo que el promedio de la UE, según un estudio de Funcas, la fundación de las cajas de ahorro. En España, además del IVA que grava la mayoría de productos, se aplica un impuesto especial (de las labores del tabaco) que varía según sean cajetillas, puros o tabaco de liar. En 2016 (último año del que hay cifras oficiales cerradas), Hacienda recaudó 7.136 millones de euros tras encadenar tres ejercicios consecutivos de caídas (la media desde 2013 ronda los 7.200 millones). Aún así, no está lejos de su máximo histórico: 8.028 millones en 2010.

No ocurre igual con los cigarrillos electrónicos ('e-cigars'), sobre los que existe un gravamen específico y solo se abona el IVA. De hecho, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha denunciado esta diferencia de trato respecto al tabaco tradicional, al no verla justificada por razones sanitarias -«se desconocen con certeza sus efectos a largo plazo», advierte, ni tampoco está «corroborado» que ayuden a dejar de fumar- ni de otro tipo. Por eso ha pedido al Gobierno que aproveche la reforma de la ley antitabaco que está en marcha para establecer una tasa concreta sobre ellos, algo que permite la Directiva europea del ramo y que de hecho han implantado ya varios Estados miembros.

El problema es que como tampoco está demostrado que ambos métodos de fumar generen los mismos inconvenientes, un eventual impuesto podría llegar a ser recurrido en los tribunales e incluso anulado. Así, al menos, pasó en Italia. La Comisión Europea descartó a mediados de enero armonizar un impuesto especial para los denominados vaporizadores electrónicos (el mecanismo que se usa para quemar las sustancias químicas que sustituyen al cigarrillo tradicional), al estimar que no existen aún datos claros sobre sus efectos reales -respecto a su negocio, la Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo estima que en 2017 facturaron 70,5 millones de euros en su tercer año de crecimiento- y resulta más conveniente esperar. Para el tabaco en general, sin embargo, sí se va a fijar una tributación mínima de 1,8 euros por cajetilla.

En la industria tabaquera quieren aprovechar esta indefinición para hacerse fuertes en ese nuevo mercado. Por ahora han invertido más de 6.100 millones de euros para hacerse un hueco, cada vez más grande eso sí, entre los pioneros de ese negocio. La última aportación han sido los dispositivos sin combustión, que calientan pero no queman el producto, lo que en teoría puede valerles para mitigar los recelos importantes que existen desde el ámbito sanitario. Lo que no está claro es cuál de los dos modelos de vaporizadores dominará el mercado o si coexistirán ambos.

En cualquier caso, las grandes compañías como Philip Morris, Japan Tobacco International (JTI), British American Tobacco (BAT) y Imperial (Altadis) ham hecho cuentas y estiman que en el horizonte de 2020 facturarán un total de 30.000 millones de dólares (25.500 millones de euros) solo en ese negocio. La Unión de Estanqueros de España ya ha dado la «bienvenida» a este tipo de productos, que «ya llevan algún tiempo entre nosotros», al estimar que puede potenciar una nueva demanda. Los productores de tabaco tradicionales, sin embargo, temen que a la larga les pase factura si mucha gente deja el consumo tradicional para pasarse al nuevo.

Por eso esta semana reivindicaban la cadena del valor del tabaco, desde el cultivo al punto de venta, que según un informe elaborado por Analistas Financieros Internacionales (AFI) y la CEOE genera un impacto económico de 3.200 millones de euros anuales en España. Hablan en términos de valor añadido bruto (VAB) al crecimiento del país y lo traducen en un aporte de tres décimas al Producto Interior Bruto (PIB). Señalaban, asimismo, que el sector genera casi 50.000 empleos entre puestos directos, indirectos e inducidos -el 60% de ellos relacionados con la venta minorista- y se quejaban de nuevo sobre los efectos negativos del contrabando, que representa ya más del 10% del mercado de cigarrillos, lo que según la compañía Altadis supondría más de 1.000 millones de pérdida recaudatoria.