Un Supremo dividido continúa hoy su debate sobre quién debe pagar el impuesto hipotecario

Un grupo de personas se concentraron ayer ante el Tribunal Supremo para reclamar que la banca pague el impuesto de AJD./EFE
Un grupo de personas se concentraron ayer ante el Tribunal Supremo para reclamar que la banca pague el impuesto de AJD. / EFE

Los 28 magistrados que estudian el tema no fueron capaces de llegar ayer a un acuerdo respecto al abono del tributo de Actos Jurídicos Documentados

MATEO BALÍN

El Tribunal Supremo ha aplazado, al menos hasta hoy, la solución a la grave crisis institucional generada tras la sentencia sobre el pago del principal impuesto que grava las hipotecas y la posterior decisión del presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Luis María Díez-Picazo, de abocar la nueva doctrina al escrutinio del Pleno, formado ayer por 28 magistrados (hubo tres ausentes por diferentes motivos). Tras ocho horas de reunión -pararon poco más de una para comer-, levantaron una sesión que ya se preveía de antemano muy larga por el propio formato del Pleno.

El primer motivo de esa extensa duración es que los ponentes de los recursos pendientes de resolver, los magistrados de la Sección Segunda Nicolás Maurandi y Francisco José Navarro Sanchís, tuvieron que explicar su postura favorable al cambio de criterio sobre quién tiene que abonar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en la firma de la hipoteca. Ambos forman parte de la Sección Segunda de lo Contencioso, especializada en tributos, y suscribieron la sentencia del pasado 16 de octubre que supuso un giro radical a la doctrina aplicada hasta la fecha: que fueran los clientes y no los bancos los que pagaran el citado gravamen.

Su postura, por lo tanto, estaba clara de antemano y atribuía a las entidades financieras esa carga tributaria. En segundo lugar, la decisión de aplazar hasta hoy la continuación del debate se debió a que todos los presentes, tras escuchar la defensa jurídica de sus compañeros, intervinieron para dar una primera impresión. No obstante, sólo un tercio de los presentes entraron de lleno sobre la estimación o no de los tres recursos pendientes de resolver.

Pero según fuentes jurídicas, estos magistrados no mostraron una postura unitaria. Hubo opiniones tanto a favor como en contra de confirmar el giro jurisprudencial de hace tres semanas, que atribuyó a los bancos el pago del impuesto.

Antes, todos se explayaron sobre la intervención del presidente Díez-Picazo para llevar a Pleno los tres recursos citados. Y aquí sí que hubo una postura mayoritaria en favor del presidente, según las mismas fuentes. Hay que tener en cuenta que la denominada Sala Especial del artículo 61 del Supremo -de la que forman parte magistrados de las cinco jurisdicciones del alto tribunal- respaldó de forma rotunda la misma postura el pasado miércoles, justo al rechazar la querella presentada por Podemos contra él.

Así las cosas, la sentencia firme del pasado 16 de octubre, que por cinco votos a uno atribuyó a la banca la carga del impuesto, sobrevoló el debate jurídico pero sin que todavía entraran todos los magistrados en el fondo: la resolución sobre si al final acaba pagando la banca y desde cuándo, es decir, la retroactividad de la medida.

EL COSTE

2.300
millones de euros sería el coste mínimo para la banca en caso de que deba cargar con el impuesto de AJD si el Supremo limita la retroactividad de las reclamaciones a cuatro años.

Vaivenes de criterios

En el pleito que ha dado lugar a todo este embrollo jurídico se llevó el gato al agua el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid frente a la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) de la Comunidad de Madrid, que le exigía el pago del tributo por la inscripción de alrededor de 4.000 hipotecas. El mismo criterio judicial fue seguido en dos sentencias posteriores con las mismas partes en liza. Las resoluciones anulaban un artículo del reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de 1995, en concreto el 68, que precisa que en las escrituras de hipotecas el tributo debe abonarlo quien solicita el préstamo, es decir, el cliente.

El Tribunal Constitucional, por su parte, ya había avalado en 2005 de forma implícita ese artículo 68 en dos autos en respuesta a las dudas sobre su legalidad presentadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y la Sala de lo Civil del Supremo resolvió en el mismo sentido en febrero pasado. Sin embargo, sus compañeros de la Sección Segunda de lo Contencioso Administrativo cambiaron el paso y decidieron en septiembre seguir adelante con el recurso del Ayuntamiento de Rivas, al entender que es a esa Sección a la que corresponde fijar la doctrina.

Lo que vino luego ya es sabido. Dicho tribunal estableció en la sentencia que es el banco y no el cliente el que debe abonar el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en la firma de una hipoteca. Un día después, el presidente de la Sala de lo Contencioso anunció la paralización de los tres próximos recursos pendientes dada la «enorme repercusión económica y social».

 

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