La subida del diésel inyectará 1.318 millones al Estado al año

Estación de servicio. /R. C.
Estación de servicio. / R. C.

El presidente de la AIReF considera que el problema de las pensiones es «manejable» si se aplican medidas adecuadas

José María Camarero
JOSÉ MARÍA CAMAREROSantander

Las arcas públicas recibirán un ingreso adicional de 1.318 millones de euros al año si definitivamente el Gobierno aprueba el incremento del precio del diésel para equipararlo con el de la gasolina, como tenía previsto en el proyecto de Presupuestos del Estado de 2019 que finalmente fue rechazado en febrero en el Congreso. Ese es el cálculo más completo y actualizado que ha señalado el presidente de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), José Luis Escrivá.

Completo porque la estimación incluye no solo las cuantías que la Administración recibiría por la eliminación progresiva de la bonificación que ahora goza el diésel frente a la gasolina en el Impuesto sobre Hidrocarburos, lo que permite obtener un precio más económico en los surtidores. El cálculo incluye el impacto que tendría la medida en materia de IVA. Y actualizado porque la Autoridad Fiscal no había incluido hasta ahora estas cifras en sus estimaciones. El Ejecutivo sí había estimado que podría conseguir una recaudación de 1.000 millones de euros al año con esta medida, según constaba en el Programa de Estabilidad remitido a la Comisión Europea a finales de abril, el día después de las elecciones generales, donde se incluía la subida de otros impuestos.

Escrivá, que ha participado en la clausura del Curso de Verano de la UIMP y APIE, también ha señalado que serán los hogares de mayor renta en los que más impacte la subida del diésel, debido fundamentalmente a que este tipo de consumidores son los que suelen tener vehículos de mayor cilindrada, que requieren un mayor gasto en combustible, al contrario de lo que les sucedería a las familias con menor renta.

También ha apuntado Escrivá que la fiscalidad verde en España está actualmente seis décimas por debajo de la media europea -en el 1,83% del PIB frente al 2,4% de la Unión Europea- y con niveles de recaudación por debajo de los de hace 20 años. En 1995, ha explicado, la recaudación por impuestos ambientales suponía el 2,1% del PIB en España mientras que actualmente está en ese 1,8%. Escrivá también ha querido reflejar las desigualdades entre Comunidades Autónomas en temas impositivos medioambientales que van del 0,8 % del PIB en Extremadura al 0,1 % de Cantabria, Madrid o La Rioja.

Por otra parte, el presidente de la AIReF también se ha referido al déficit que acumula la Seguridad Social, y que supone un 1,5% del PIB. Escrivá considera que «si prosiguen las reformas de los últimos años, se puede solucionar» el problema de las pensiones, porque, a su juicio, «no es tan agudo» si se afronta bien.

Escrivá re ha referido a medidas concretas como las que van encaminadas a elevar la edad de jubilación o ampliar el cómputo de años que cuentan para calcular las prestaciones por jubillación. «Si se hace, se corrige gran parte del problema», ha indicado. Porque «en los próximos años irá creciendo por el envejecimiento» de la población. También ha recordado que el nivel de cotizaciones a la Seguridad Social «es muy alto en España» por lo que si se revierten las últimas medidas que han incrementado el gasto «se solucionaría».

Escrivá ha anticipado que el organismo que preside ya está trabajando «intensamente» en un proyecto que le llevará a un análisis del gasto público (los 'spending reviews') de mayor dimensión frnete a los últimos publicados estas semanas. «En 2018 hemos evaluado unos 30.000 millones y este año nos vamos a acercar a los 100.000 millones de euros», ha afirmado. Por una parte, están analizando los beneficios fiscales, y que se acercan a 60.000 millones de euros. También el gaso hospitalario (10.000 millones), el de infraestructuras, con particular foco en las ferroviarias, que supone cerca de dos puntos del PIB, y también las bonificaciones a la contratación, que pueden llegar a 3.000 millones.

Ahorro de 450 millones, según Competencia

En ese mismo evento, el presidente de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), José María Marín Quemada, ha apuntado que las actuaciones de ese organismo contra las actuaciones de las empresas por prácticas relacionadas con el monopolio, los cárteles y otras similares han puesto un ahorro de 450 millones de euros al año, de media, a los consumidores.

Marín Quemada ha recordado que cuando las sanciones impuestas por la CNMC a todo tipo de empresas llegan al Tribunal Supremo, éste da la razón a Competencia en un 86% de los casos. Y ha apuntado que «esas multas se cobran» por parte de la Administración Tributaria, en contra de lo que habitualmente se cree.

Entre las tareas pendientes de la CNMC se encuentra la circular que determinará la retribución por la actividad del transporte a las compañías eléctricas a partir del próximo año. Competencia se pronunciará en las próximas semanas sobre esta cuestión sobre la que Marín Quemada ha señalado que han intentado realizar el trabajo «con rigor» pensando también en los consumidores.