La situación de Vicinay y Tubos Reunidos complica la devolución de sus rescates a la Sepi

En total la Sepi inyectó dinero a 28 empresas por un total de 2.681 millones de euros. Lo hizo mediante el Fondo de Apoyo para Empresas Estratégicas (FASEE) habilitado en julio de 2020 con objeto de apoyar a las grandes compañías afectadas por la pandemia. Entre ellas había, sobre todo, empresas del sector turístico como Air Europa, ahora en el foco por el 'caso Koldo' y que recibió 475 millones, pero también industriales como la catalana Celsa –propietaria de las plantas de Nervacero y Laminaciones Arregui–, que se llevó el mayor importe, 550 millones. Las dos vascas que entraron en la lista pertenecían a este ámbito: Tubos Reunidos obtuvo 113 millones en 2021, mientras que Vicinay logró 32 millones un año después, cuando ya se cerró el fondo.

Hasta el momento la Sepi ha recuperado 949 millones de euros, lo que representa un 35% de los 2.681 millones financiados con este instrumento. Ocho empresas –Hotusa, Grupo Soho, Ávoris, Eurodivisas, Wamos, Rugui Steel, Ferroatlántica y Hesperia– han devuelto el dinero y quedan 20 por hacerlo, algunas de las cuales se encuentran en situación difícil.

La histórica Vicinay Marine es una de ellas. La centenaria empresa, líder mundial en fabricación de cadenas de amarres tanto para el sector naval como para la industria petrolera y la eólica marina flotante, se encuentra en preconcurso de acreedores desde el pasado 30 de julio, asfixiada por los malos resultados y una deuda de 140 millones de euros.

La compañía, que cuenta con 200 trabajadores en Bizkaia, está tratando de negociar una reestructuración de su deuda con la banca y en ese proceso ha entablado conversaciones con el empresario Dámaso Quintana –uno de los fundadores y actual presidente de Haizea Wind–, que podría inyectar dinero a cambio de tomar el control del grupo, ahora en manos de la familia Vicinay, que quedaría con una participación minoritaria.

En el marco de esta reestructuración de la deuda la compañía mantiene negociaciones con el 'pool' de bancos al que debe 100 millones y también con las instituciones públicas acreedoras. Por este lado destaca la Sepi que, según advierten en el organismo, no puede contemplar una quita para su préstamo de 32 millones de euros, pero sí flexibilizar los pagos.

Por otro lado está el Gobierno vasco que, a través del Instituto Vasco de Finanzas y el fondo Ezten, cuenta con un préstamo participativo de cerca de siete millones de euros. En ese caso sí se existe la posibilidad de que se cambie una parte de financiación por acciones para ayudar a la empresa a recuperarse.

La situación de Tubos Reunidos no es tan grave, dado que no está en proceso concursal, pero sí se ha complicado sobremanera a raíz de los aranceles de Trump al acero, elevados al 50% desde junio. La razón es que Estados Unidos es el principal mercado de la compañía alavesa, con una cuota del 45%, y con ese gravamen los pedidos se han desplomado. El golpe es de tal calibre que la empresa tomó la decisión a principios de octubre de paralizar la actividad de la planta que tiene en Houston porque solo hace un tratamiento de acabado y la compañía manda los tubos desde sus instalaciones vascas, con lo que tienen que pagar la tasa.

Según fuentes sindicales del comité, que el pasado viernes tuvo una reunión con la dirección, la producción en Amurrio ha caído cerca de un 40%. Los trabajadores ya están sujetos a un ERTE y solo en el primer semestre el grupo registró unas pérdidas de 28,4 millones, mientras que su deuda alcanza los 244 millones. Hay que recordar que los aranceles se fijaron en el 25% en marzo, después Trump los dobló al 50% en junio y no se eliminaron en el acuerdo entre EE UU y la UE. Han quedado a expensas de nuevas negociaciones que son cruciales para el futuro de Tubos Reunidos.