Los sindicatos exigen al Gobierno vasco que no retrase el incremento de sueldos

Esto se debe a que el Congreso de los Diputados ha tardado en aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 hasta la semana pasada. Al ser norma básica, los PGE condicionan la política salarial del resto de las administraciones.

La ministra de Educación y portavoz del Ejecutivo central, Isabel Celaá, anunció que la ley presupuestaria se publicaría en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de ayer lunes, pero sorpresivamente no se produjo y desde el Ejecutivo se apunta a que se hará «previsiblemente el miércoles» y la entrada en vigor será el jueves, si no hay nuevos retrasos.

A pesar de los plazos legales y los aspectos técnicos, los sindicatos vascos no entienden por qué la Administración vasca -especialmente el Gobierno- no se ha adelantado y preparado para que cuando entren en vigor los PGE abonar, con carácter inmediato, la subida salarial a los funcionarios más los atrasos. Fuentes del Ejecutivo vasco indicaron ayer que hay que esperar a conocer y analizar con exactitud lo aprobado por el Estado y, para ello, es necesario su publicación en el BOE.

Si el Gobierno vasco aplica el mismo método que en 2017, los funcionarios tendrán que esperar a después del verano para ver incrementadas sus nóminas y recibir una 'paga extra de atrasos' en octubre.

En cifras, el incremento salarial del 1,5% aprobado por el Ejecutivo de Vitoria supondrá un desembolso de 63 millones de euros. Por lo que respecta a las aportaciones al fondo de pensiones Itzarri, el 0,5% inicial -que se está abonando desde enero- asciende a 17 millones; y si se aprueba el otro 0,5% del segundo semestre, serán 8,5 millones más. Por tanto, el conjunto de medidas salariales del Gobierno vasco llegaría a un aumento retributivo del 2,3% en 2018, cifra que sería mayor que el 1,75% establecido por el Estado para sus funcionarios.

Sin embargo, los sindicatos se muestran bastante críticos con el Gabinete PNV-PSE. Arantza Agote, de UGT, y Maite Garabieta, de CC OO, han pedido por escrito a la viceconsejería de Administración Pública, de la que es titular Andrés Zearreta, que convoque con urgencia la Mesa General de Función Pública del Gobierno vasco. Reclaman que la subida salarial para los funcionarios sea de al menos el 1,75% en 2018, y que se plantee también un acuerdo como el sellado en Madrid para recuperar el poder adquisitivo de los empleados públicos.

LAB estima igualmente que el incremento salarial del Ejecutivo vasco es insuficiente para recuperar el poder adquisitivo perdido. Posición que también comparte Igor Izagirre, de ELA, quien emplazó ayer al Gobierno de Urkullu a abrirse a pactos con la parte sindical, como los alcanzados con la Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao, estableciendo alzas salariales interanuales superiores al IPC para recuperar el poder adquisitivo y que su abono pueda empezar a realizarse en julio.

El Ayuntamiento de Vitoria, por su parte, anunció que abrirá una negociación con los sindicatos para pactar la subida salarial, con un tope máximo de subida del 1,75%, lo que podría tener un coste de 2,4 millones. El Ayuntamiento de San Sebastián señaló también que está pendiente de ver la publicación del BOE y de abrir una negociación con la parte sindical.