Sanidad privada, sanidad pública

Aproximadamente el 21% de la población española tiene cobertura sanitaria a través de un seguro privado

Sanidad privada, sanidad pública
Manfred Nolte
MANFRED NOLTE

Empecemos por lo bueno, aunque lo bueno resulte ser la antesala de lo problemático: España tiene la tasa más alta de longevidad de Europa y es la segunda más elevada del mundo detrás de Japón, de quien nos separa solo un suspiro en términos de esperanza de vida. Esta realidad implica un determinado número de complicaciones para la viabilidad económica del Estado del bienestar. En particular -como es archisabido- para la sostenibilidad del sistema de reparto de la Seguridad Social. Pero afecta a otras áreas de forma igualmente ostensible. Una de ellas es la de la sanidad.

Ignacio Riesgo y Jordi Sevilla acaban de publicar un manual exhaustivo ('¿Qué está pasando con tu sanidad?') del que pueden extraerse algunas ideas importantes sobre esta crítica materia. Brindamos por una 'larga vida', aunque la condicionemos a un nivel de salud suficiente y satisfactorio. A ese goce anticipado contribuye directamente la sanidad. Todo tipo de sanidad, la sanidad pública y el seguro privado.

La salud, es por encima de todas las cosas, un bien común que recae bajo la tutela universal del Estado. La salud es un ingrediente esencial para la actividad económica ya que sin ella, en última instancia, el acto económico es ineficiente, y finalmente, con la muerte, desaparece. La salud es, codo a codo con el tiempo, el más escaso de todos los bienes económicos. La justificación última de la sanidad pública estaría en la subsidiariedad de la sanidad privada. Lo subsidiario respeta el principio de prioridad, aunque como ya se ha dicho, deba al mismo tiempo vigilar atentamente la posible presencia de externalidades negativas, agregando el ingrediente de la universalidad.

Los seguros de salud privados en España han registrado una evolución ascendente. Entre 2013 y 2017, el número de asegurados ha pasado de 10,43 a 11,49 millones y cinco compañías representan el 72,08% del volumen total de primas. Aproximadamente el 21% de la población española tiene cobertura sanitaria a través de un seguro privado. El gasto sanitario privado representa el 29% del gasto total .

La pregunta crítica es si los gastos producidos en la sanidad privada significan o no ahorros de la sanidad pública. Se argumenta, no sin razón, que aquellas personas que tienen doble aseguramiento suponen un ahorro económico para el seguro público, dado que una parte importante de las prestaciones sanitarias las reciben a través del seguro privado que tienen contratado.

Si así fuera no solo procedería aplaudir esta forma de cobertura de la salud no siempre entendida, sino que habría que considerar para ella algunas formas de apoyo presupuestario. Los estudios al respecto no son muy concluyentes, pero en cualquier caso resultaría temerario sostener lo contrario, que la privada sea un factor de encarecimiento de la pública. Ello daría pie a la consideración, en paralelo con la educación concertada, de una sanidad igualmente concertada.

No se trata de ciencia ficción. Antes de 1999, momento de la entrada en vigor de la Ley estatal 40/1998 del IRPF, la anterior ley reguladora del Impuesto (Ley 18/1991) establecía en su artículo 78.2 una deducción del 15% en los gastos sanitarios privados. A partir de ese año se eliminó esa deducción fiscal y se sustituyó por un aumento del mínimo personal y familiar para el supuesto de personas discapacitadas.

En la actualidad y por lo que se refiere a contribuyentes del IRPF que obtengan rendimientos de actividades económicas (los mal llamados «autónomos») el artículo 30 de la Ley 35/2006 establece que las primas de seguro de enfermedad, dentro de los límites señalados, sean gasto deducible para la determinación del rendimiento neto.

Y dos últimos apuntes. El primero que los gastos públicos de salud en España no han experimentado recorte alguno en el periodo 2007 a 2018, de la gran crisis. Los 61.597 millones dotados a esta rúbrica presupuestaria en 2007 son inferiores en más de 10.000 millones a los 72.812 millones consignados para 2018. Dichas cifras se trasladan en igual medida al gasto en salud per cápita.

El segundo se refiere a que si nadie puede negarse a aplicar a cualquier ámbito del mercado el análisis coste beneficio, ¿cómo puede surgir una hostilidad tan visceral a contratar la gestión y administración privada (delegada) en determinados campos de la sanidad pública?

Temas

España
 

Fotos

Vídeos