Como lo cortés no quita lo valiente, días atrás la noticia ha asaltado los titulares de los principales medios de comunicación, al constituirse El Salvador, ... uno de los países más pobres de Centroamérica, en el primer país del planeta que confiere a bitcoin, el polémico criptoactivo, el rango nada más y nada menos que de 'moneda de curso legal' en el ámbito de su soberanía territorial. Adicionalmente el presidente Bukele ha anunciado que no habrá impuestos sobre las plusvalías de bitcoin ni del inmobiliario, si este hubiera sido su destino de compra, y que se otorgaría automáticamente la residencia en El Salvador a quien invierta en el país tres bitcoins, aproximadamente 108.000 dólares a precios actuales.
Según el decreto regulatorio, bitcoin convivirá con el dólar en su calidad de moneda de curso legal y este no solo no queda eliminado, sino que, al dejarse su precio a la oferta y a la demanda del mercado, el dólar sigue constituyéndose en ancla del sistema monetario.
Que una moneda ostente el rango de 'curso legal' significa que tiene poder liberatorio total, esto es, que el acreedor tiene la obligación de aceptar dicho título en redención de las deudas contraídas. No se trata de que la moneda sea 'admitida' o simplemente 'no esté prohibida'. Aquí reside la primera falla importantísima del sistema: ¿en qué medida va a resultar operativo obligar a ciudadanos analfabetos a aceptar transacciones en bitcoin que, de media, consumen diez minutos? ¿Quién sufragará las pérdidas de cambio que puedan producirse para el adquirente en ese intervalo de tiempo?
Incorporar la criptomoneda en una economía tan pobre suscita recelos
El artículo 12 del decreto establece que «quedan excluidos de la presente ley, quienes por hecho notorio y de manera evidente no tengan acceso a las tecnologías que permitan ejecutar transacciones en bitcoin. El Estado promoverá la capacitación y mecanismos necesarios para que la población pueda acceder a transacciones en bitcoin». Esta exención bien podría descafeinar la iniciativa parlamentaria, ya que el propio Gobierno reconoce que el 70% de los salvadoreños no tiene acceso ni siquiera a los servicios financieros más tradicionales.
Los grandes beneficiarios de la iniciativa serían los poseedores de grandes sumas de bitcoin de procedencia dudosa o fraudulenta, listas para el blanqueo. Una pista al respecto nos la ofrecerá la evolución del mercado inmobiliario que atraerá sumas importantes de bitcoin de origen desconocido. El envío de remesas desde el extranjero también puede constituirse en un vehículo para tales fines. A medio plazo estos agentes procedentes de esferas profundas de la economía obtendrán dólares de sus inversiones con lo que la operativa global habrá resultado en un canje de bitcoins de dudoso origen por dólares blanqueados. Tal práctica se facilita con el hecho de que la convertibilidad inmediata de ambas divisas, de bitcoin a dólares y viceversa, se realizará mediante la creación de un fideicomiso estatal especial para tales efectos, que será manejado por la banca estatal. El canje siempre se hará a tipos de mercado.
Llevada a su extremo, esta práctica puede dañar seriamente una economía dolarizada como la de El Salvador. Sin dólares, la economía de El Salvador está abocada al colapso como ha señalado Steve Hanke, profesor de la Johns Hopkins University.
Los organismos supranacionales de los que El Salvador depende en gran medida estudian con recelo la medida. El Banco Mundial ha rechazado la solicitud de ayuda de El Salvador para la transición del país hacia la adopción de bitcoin como moneda de curso legal. El Fondo Monetario Internacional tampoco ve con buenos ojos la decisión. Fuentes fiables han informado que ello podría obstaculizar las negociaciones en curso sobre un préstamo de 1.300 millones de dólares para apoyar la economía del país. El portavoz del FMI, Gerry Rice, señaló que la adopción de bitcoin desata una serie de preocupaciones financieras, legales y macroeconómicas que requieren un «análisis muy cuidadoso»'.
El Banco de Pagos Internacionales, banco de bancos, pone el dedo en la llaga: para dar paso a bitcoin y otros criptos al sistema de pagos abiertos hay que regularlos. Comenzando por establecer coeficientes de solvencia a las entidades que las trafican y exigiendo como se exige a cualquier operación del sistema bancario tradicional el detalle del origen y destino de los fondos.
Luego ya se verá.
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