Ya es gratuita la AP-1, la primera autopista recuperada por el Estado

Una autopista de peaje.

La vía que une Burgos y Álava, de pago durante 40 años, será gestionada por Fomento aunque las concesionarias advierten de posibles problemas

José Antonio Bravo
JOSÉ ANTONIO BRAVOMadrid

Más de 21.000 conductores, según las estimaciones del Ministerio de Fomento, se beneficiarán de la nueva gratuidad de la AP-1, la autopista que une Burgos con Álava y de pago 40 años. Desde las 0:00 horas de este sábado ya no habrá peajes en sus algo más de 84 kilómetros porque el Estado se encargará de gestionarlos y mantenerlos.

Se trata de la primera vía de abono que recupera el Ejecutivo al finalizar su concesión, pero no será la única. En diciembre de 2019 vence el contrato de la AP-4 que enlaza Sevilla y Cádiz, y también los de dos tramos de la AP-7 (Autopista del Mediterráneo) que unen Tarragona, Valencia y Alicantes, todos gestionados ahora por el grupo Abertis que controlan Atlantia y ACS.

De seguir el mismo Gobierno pasarán a ser gratuitas también, según ha manifestado el titular de Fomento, José Luis Ábalos, otras tres autopistas cuyos acuerdos expiran en 2021. Entre ellas están la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo y el tramo de la AP-7 entre Barcelona, Tarragona y La Jonquera (frontera con Francia).

Si para entonces el Estado asumiera la gestión de todas las autopistas citadas –ahora se va a abrir una subcomisión parlamentaria para estudiar el modelo de financiación de las carreteras–, el coste anual para las arcas públicas sería de 450 millones de euros según Seopan, patronal de concesionarias y grandes constructoras. De añadir el resto de concesiones de vías de peaje (2.550 kilómetros en todo el país) hasta superar la treintena, esa factura llegaría a los 1.000 millones por año.

La experiencia de la AP-1, por tanto, resultará decisiva. Solo en peajes cada conductor puede ahorrarse unos 24 euros entre ida y vuelta. Pero al ser gratis el tráfico probablemente se multiplicará, lo que ha llevado a Seopan a advertir de posibles congestiones de circulación; de hecho, según sus previsiones, la intensidad media diaria de vehículos aumentará un 36% hasta los 27.000 vehículos.

En cualquier caso, desde Fomento abogan por la colaboración entre el sector público y el privado para financiar las nuevas infraestructuras. «No se nos ocurre otra vía», apuntó hace poco su secretario de Estado, Pedro Saura. No obstante, tampoco quieren adelantarse a lo que pueda deparar un debate parlamentario que espera sea «franco, directo y valiente» dentro de la subcomisión parlamentaria que se va a crear para estudiar este asunto.

A priori, el ministro Ábalos ve factible establecer algún tipo de canon, directo o indirecto, dado que el margen de maniobra de las arcas públicas para afrontar los 11.000 millones anuales que costaría mantener la red de carreteras española (20.000 kilómetros y creciendo) es limitado sin obtener nuevos recursos, esto es, sin aprobar nuevos impuestos o tasas o bien establecer algún tipo de canon por su uso.

Autopistas en quiebra

Pese a ello, el Gobierno ha aparcado 'sine die' la posible relicitación de las nueve autopistas de peaje en quiebra rescatadas por el Estado -los trámites expropiatorios de la última de ellas no han concluido aún-. De momento, y oficialmente, Fomento lo ha pospuesto a 2019 sin dar mayores precisiones. Según Ábalos el interés de las posibles concesionarias privadas es «relativo» puesto que la expectativa de beneficio futuro va a disminuir bastante respecto al sistema anterior al tener que reducirse los peajes y también bajar el período máximo de concesión.

La previsión inicial era obtener entre 700 y 1.000 millones de euros por esos concursos públicos, que se distribuirán en dos lunes, dinero que se destinaría luego a compensar parte de la responsabilidad patrimonial (RPA) que debe asumir la Administración para compensar a las concesionarias anteriores por expropiarles las autopistas. El Ejecutivo todavía no ha concretado la cantidad que según sus cálculos abonaría, aunque Hacienda estimó meses atrás que bajaría de los 2.500 millones de euros frente a los más de 4.000 millones que demandan las empresas.

 

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