Ribera promete defender los contratos de electricidad de la industria

Ribera se comprometió a «hacer todo lo posible» para que las compañías eléctricas respeten los contratos de largo plazo que tenían firmados y que quieren renegociar o incluso cancelar. Iberdrola remitió una carta recientemente a las empresas que tienen firmados estos contratos con precios estables anteriores a las meteóricas subidas de los últimos meses, que han sembrado la incertidumbre. En síntesis, la eléctrica exponía que las últimas decisiones adoptadas por el Gobierno suponen una penalización de entre 70 y 80 euros por megavatio en esos contratos. Muchos de ellos se situarían así en pérdidas porque están firmados con precios por debajo de los 60 euros. Hay que tener en cuenta que hace tan solo un año, en octubre de 2020, el precio de la electricidad en el mercado mayorista se situaba en torno a los 35 euros por megavatio, mientras que ayer alcanzó en algunos momentos del día los 249 euros.

Ribera mostró su «preocupación» por las consecuencias que puede tener la ruptura de esos contratos ante representantes de grandes consumidores y también de patronales sectoriales como la del acero o la producción de cemento. La ministra no anticipó medidas que puedan amortiguar ese efecto de subida generalizada de costes en la industria, si bien dio a entender que las eléctricas no han mostrado hasta ahora una disposición a colaborar. Lo cierto es que la penalización incide sobre todo en los contratos que están basados en la compraventa de electricidad de generación renovable -hidráulica, solar o eólica-, ya que son esos megavatios los que tendrán que pagar una penalización a las arcas públicas.

Fuentes consultadas por EL CORREO aseguran que los industriales dibujaron un panorama bastante negro a la ministra. Así, recordaron que para muchos de ellos la electricidad supone más del 15% de sus costes. Un esquema en el que un incremento de hasta tres veces el precio de esa materia prima «colocará a muchas empresas al mismo borde de la quiebra y en el corto plazo».

Las empresas han pedido al Gobierno que adopte medidas urgentes para evitar esas quiebras en cadena. Así, confían poco en la eficacia de algunas acciones que están sobre la mesa pero que requieren la aprobación de Bruselas, lo que se traduce en plazos muy largos de implementación. Es el caso por ejemplo de la concesión de más de derechos de emisión de CO2 para provocar el descenso de su precio -es, junto al alza del gas una de las causas de la locura de precios de generación de electricidad-; también la limitación de su compra a usuarios reales y no a fondos de inversión que especulan con ellos, como sucede en la actualidad; así como una revisión del sistema marginalista de fijación de precios.

Realizar subastas específicas para grandes consumidores es una de las alternativas que se habían propuesto también para sortear la coyuntura. Ribera reconoció a sus interlocutores que las empresas de generación también han puesto trabas. La principal, indicó, que aseguran no tener capacidad excedentaria que sacar al mercado porque toda su generación estaría ya vendida a corto y medio plazo.