Una renta mínima permanente, pero flexible y que cubra la emergencia social

«La desigualdad creciente hace necesario un sistema de último recurso como éste para luchar contra la pobreza», afirma Sara de la Rica, directora de la fundación de estudios económicos Iseak. Ariane Aumaitre, investigadora del Instituto Universitario Europeo de Florencia, coincide en que se requiere la inclusión en el sistema de protección social español de un instrumento que complemente a las prestaciones de paro, que no cubre a muchos colectivos en el nuevo modelo laboral, y que ayude a las personas que, aún teniendo empleo, no reúnen las suficientes horas trabajadas para salir de la pobreza. Luis Sanzo, responsable de estadística del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco, añade que España carece de un buen sistema de rentas mínimas y que ello no sólo determina carencias en la dimensión social, sino que también es disfuncional en términos económicos.

Luis Sanzo aboga por que se plantee como medida permanente. Cree que el ingreso 'puente' ligado al coronavirus está mal enfocado: primar la acción temporal puede cuestionar su necesidad estructural. Sanzo añade que, si se quiere aportar rápido ingresos a colectivos desamparados, se debería plantear como acción diferenciada, con un programa de renta básica temporal.

De la Rica coincide en la necesidad de la ayuda de emergencia para quienes se hayan quedado al margen de las ayudas ya en marcha, ya que el diseño y la gestión de la permanente son complejos y la evaluación que precisa cada hogar lleva tiempo.

Ariane Aumaitre defiende dos prestaciones diferentes. Pero urge a que, si la que se aprueba es la estructural, contenga un mecanismo que vincule los requisitos a la situación actual de las personas, puesto que en ocasiones se toma como referencia la última declaración de IRPF, que no captura la situación presente del hogar.

El profesor de la Universidad de Barcelona, José Antonio Noguera, aboga por el equilibrio entre la aprobación del ingreso mínimo estructural y la gestión que permita que el dinero llegue rápido: se inclina por que se diseñe un programa definitivo, pero que incluya elementos de flexibilidad para su implantación y gestión en los próximos meses y sin miedo a dejar flecos pendientes de precisión.

Noguera defiende establecer como condiciones la inscripción como demandante de empleo, pero sin que sea necesario apuntarse a itinerarios laborales, y contar con ingresos insuficientes. Para Aumaitre se habría de ligar el derecho a la prestación sólo al nivel de renta. Y Sanzo está de acuerdo: «La condicionalidad debería vincularse sobre todo a la comprobación de una ausencia de recursos suficientes». Este experto afirma que si bien el objetivo de la inserción laboral debe buscarse, ello ha de ser, más que con obligaciones, con el diseño de mecanismos que la incentiven.

La renta de urgencia, de haberla, según De la Rica, debería otorgarse a todos los que la soliciten y cuyos ingresos y prestaciones no superen determinado umbral. La solicitud debería ser sencilla de rellenar. Todos los hogares perceptores de la ayuda realizarían la declaración de IRPF de 2020 para valorar ex post si la necesitaban. Si no fuera así, la prestación se debería considerar un préstamo, pues se debería devolver. De la Rica plantea que sea una renta que se renueve mensualmente y por un máximo de entre tres y seis meses.

Aumaitre considera que éste es uno de los aspectos más delicados: a su juicio, hay que tener cuidado con que la cuantía de la ayuda sea «aceptable» para la sociedad, fácil de aprobar por las diferentes fuerzas políticas y que no desincentive el trabajo de los beneficiarios.

Noguera cree que el programa debería llegar, como mínimo, a personas con ingresos por debajo del 40% de la renta mediana (5.914 euros al año) y tendría que priorizar hogares con menores.

Por su parte, Sanzo afirma que la cuantía debería ser el 50% del ingreso mediano (cerca de 7.400 euros al año). Pero resalta que, dadas las diferencias del coste de la vida por regiones, debería establecerse ese 50% sobre el ingreso mediano de cada autonomía.

Respecto a la renta de emergencia, para De la Rica, se debería partir de una cifra base de 500 euros mensuales para hogares de una persona, que aumentaría en 250 euros por cada adulto añadido. Y, por cada niño, bien esa misma cantidad, o algo menos.

En general, los expertos opinan que el ingreso mínimo estatal debe ser un suelo protector para todo ciudadano español. «El papel de las rentas de las comunidades sería el de complementar dichas cuantías en la medida de lo posible», afirma De la Rica, que insiste en que son importantes los «pluses» por hijo a cargo, para que se ataje con eficacia la pobreza infantil. Noguera finaliza afirmando que debería ser una cuestión a incluir en la negociación de la nueva financiación autonómica.