La reforma del paro impactará en casi 21.000 vascos, en su mayoría de más de 50 años

Así lo confirmó recientemente el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey: «Será una de las primeras reformas del nuevo Ejecutivo». Estas prisas se deben, en realidad, a que esta reforma ya debería estar lista, puesto que se había pactado con Bruselas para el tercer trimestre de 2023, como uno de los compromisos para la llegada de los fondos europeos. Pero el adelanto electoral truncó el calendario y por ello la intención del Ejecutivo es llevarla a cabo «cuanto antes», aunque la complejidad del tema y el hecho de que debe ser negociada con los agentes sociales hacen difícil que se haga de forma exprés.

Pendientes de lo que se decida están en la actualidad 21.000 parados vascos, una cifra que en el conjunto de España se eleva a 815.400 personas que están cobrando un subsidio de 480 euros al mes (el 80% del IPREM) por no tener trabajo y, o bien ya han agotado la prestación contributiva, o no cumplen con los requisitos de cotización y años de trabajo necesarios para acceder a ella, que es bastante más generosa que la no contributiva. En este grupo se incluyen también a los 98.000 beneficiarios de la Renta Activa de Inserción (RAI), aunque no a los más de 156.000 personas que cobran una renta agraria en Andalucía y Extremadura.

El problema es que este colectivo, un 30% del total de los 2,7 millones de parados registrados en España, es especialmente vulnerable por la elevada edad que acumulan y que les supone una importante traba a la hora de buscar alternativas para reincorporarse al mercado laboral. Es más, casi 600.000 son mayores de 50 años, una edad que para muchas empresas es una barrera a la hora de contratar.

Significa esto que un 70% de las personas que están cobrando esta ayuda no contributiva de 480 euros al mes supera la cincuentena. Incluso cerca de 250.000 tienen más de 60 años y, por tanto, están a las puertas de la jubilación.

En Euskadi, donde es más acusado el envejecimiento de la población, el problema de la edad de quienes cobran el subisión es aún mayor. Casi el 78% de los 21.000 supera los 50 años.

Pero ya no solo es eso, sino que, además, la situación se complica más si se tiene en cuenta el elevado número de parados que llevan más de un año buscando empleo sin éxito. Son más de 1,1 millones, más del 40%, e incluso más de 720.000 llevan más de dos años intentándolo. Y, de nuevo, la mayoría superan los 50 años.

La conclusión es clara: a más edad, más dificultades tienen para encontrar un empleo. Y, además, están sometidos a un claro riesgo de expulsión del mercado laboral.

Por eso el reto que tiene por delante el Gobierno es importante y complejo. Su objetivo es poner fin a este enquistamiento del paro que aqueja a España desde hace varias décadas y que le impide bajar con fuerza de la barrera de los tres millones de parados y mantenerse así a la cabeza de Europa como el país con más desempleo: casi un 12% pese a todas las reformas puestas en marcha.

Para ello, el Gobierno prevé apostar por hacer compatible esta prestación con un empleo como método para incentivar la reincorporación al mercado laboral, tal y como le instó recientemente la OCDE y como ya hacen otros países europeos. Porque en ocasiones los parados rechazan una oferta de trabajo por no compensarles perder su tiempo libre y cobrar un salario que consideran insuficiente.

Así, una opción que está encima de la mesa es la de instaurar un modelo en el que las ayudas sean decrecientes; es decir, pagar más al inicio e ir reduciéndola gradualmente. Eso sí, sin recortar la prestación, sino modificar su reparto. A su vez, la compaginarán con un salario si le surge un empleo, un diseño que, además, puede ayudar a rebajar la economía sumergida. En cualquier caso, el 'número dos' del ministerio destacó que no hay nada «cerrado» y no tienen por qué trabajar «necesariamente en un modelo decreciente de los subsidios», pero sí será una reforma que «mejore y simplifique las prestaciones asistenciales de desempleo, dando nuevas oportunidades de empleo a las personas que no tienen trabajo y que, en ningún caso, estigmatice a los desempleados, ni mucho menos les haga cómplices de connivencia para pasarse a la economía sumergida».