La ONU señala a CAF mientras Pradales defiende que «no contribuye al genocidio»
Naciones Unidas incluye al fabricante vasco de trenes en el listado de empresas que operan en la Palestina ocupada
La cuestión palestina continúa instalada en la política vasca como arma de confrontación partidista. En un clima de condena social generalizada a las acciones de ... Israel en la Franja de Gaza –con más de 60.000 víctimas mortales–, y mientras en el resto de España la discusión se centra en el uso o no del término «genocidio», en Euskadi el foco se dirige hacia el papel de las empresas que mantienen negocios en el país hebreo. La controversia se ha intensificado este viernes después de que un informe de la ONU haya incluído a CAF –en la que el Ejecutivo autonómico participa en un 3%– en el listado de compañías que operan en asentamientos de colonos judíos en la Palestina ocupada. Una acusación motivada por su participación en la construcción del tranvía de Jerusalén, que conecta la zona este de la ciudad con barrios en los que se han emplazado asentamientos de colonos judíos.
El informe de Naciones Unidas, que carece carácter vinculante, señala a un centenar de empresas, entre ellas otras tres españolas: ACS –propiedad de Florentino Pérez–, su filial Semi e Ineco. Esta última depende de un Gobierno central que en las últimas semanas ha convertido la condena a las actuaciones Israel en una de sus principales banderas políticas. El Ministerio de Transportes, en cualquier caso, ya ha asegurado que esta compañía dedicada a la ingeniería ha renunciado a participar en nuevos proyectos en el país hebreo y que revisará los que están en vigor.
El listado de la ONU se ha hecho público horas después de que el lehendakari haya defendido por primera vez de forma explícita y sin matices el contrato de CAF en Israel. Imanol Pradales, en respuesta a una interpelación de Sumar en la que se ha señalado al fabricante guipuzcoano por «burlarse del derecho internacional y de las propias Naciones Unidas», ha puesto tierra de por medio e insistido en que la compañía ferroviaria en ningún caso «contribuye al genocidio».
El jefe del Ejecutivo vasco ha defendido que el contrato para la construcción del tranvía de Israel –de 1.800 millones y desarrollado junto a la constructora hebrea Shapir– «está alineado con los más altos estándares de conducta empresarial responsable». La propia compañía, ha recordado Pradales, comunicó el jueves a la CNMV que todos los análisis jurídicos se han efectuado siguiendo las directrices de la 'Guía de Diligencia Debida en Contextos Afectados por Conflictos' publicada por Naciones Unidas. CAF considera, por lo tanto, que el ferrocarril de Jerusalén es «catalizador del cumplimiento de derechos humanos como la libertad de movimiento, y el acceso al empleo, la atención médica, la educación y el acceso a los lugares de culto a toda la población, sin distinción, y con especial beneficio para las comunidades más vulnerables». Y es que, dicen, los miembros de la comunidad árabe son una «parte significativa de los usuarios del tranvía».
El lehendakari cierra así filas con CAF después de que hace tres semanas instara a todas las empresas con vínculos comerciales con Israel a «hacer una reflexión ética» sobre los mismos. Unas declaraciones que desconcertaron al grueso del empresariado vasco y que llegaron después de que el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, emplazara a la compañía a «pensarse muy mucho» si le conviene prescindir de este convenio.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
