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La penúltima gran crisis entre los socios de coalición del Gobierno central vuelve a enmarcarse en el capítulo económico y, en concreto, en la tributación ... del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en lo concerniente a los trabajadores que ganan el salario mínimo interprofesional (SMI), recientemente elevado por el Consejo de Ministros en otros 50 euros mensuales hasta alcanzar los 1.184. O lo que es lo mismo, 16.576 euros brutos al año. Sin embargo, la noticia no fue (o no solo) la nueva subida del SMI, sino que «por primera vez en la historia», quienes ganen esta cantidad deberán pasar por caja tributando el IRPF. Y claro, la vicepresidenta Yolanda Díaz montó en cólera en plena rueda de prensa del Consejo de Ministros denunciando que se habían enterado por los medios mientras la portavoz, la socialista Pilar Alegría, le contestaba que «no es así».
Más allá de saber quién miente, porque es evidente que una de las dos partes del Gobierno lo hace intentando convencer a un mismo electorado, el asunto ha provocado una fuerte tormenta política en el Congreso de los Diputados que tiene una importante repercusión en Euskadi, donde las Haciendas forales (lideradas por PNV y PSE) están intentando sacar adelante una reforma fiscal que conllevaría, entre otros asuntos, que quienes ganen esta cantidad se librarían de ver cómo en sus nóminas hay un capítulo destinado al IRPF.
El mínimo exento actual está fijado en 14.000 euros brutos anuales y pasaría a ser de 19.000, «beneficiando a unos 335.000 contribuyentes vascos». En territorio común es de 15.876 (cantidad que se fijó en 2024 para ajustarla a la penúltima subida del SMI) y la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, se niega en redondo a subirlo hasta 16.576 euros para equiparlo al SMI porque «ha llegado el momento de que contribuyan a Hacienda haciendo pedagogía fiscal».
Pero hay letra pequeña, al menos en lo referido a Euskadi. Los mismos que quieren 'salvar' al segmento más vulnerable de la clase trabajadora son los mismos que ahora les están penalizando. Las continuas subidas del SMI aprobadas por el Gobierno desde la llegada de Sánchez –en Euskadi lo cobran unos 50.000 trabajadores– han hecho que la norma vasca haya quedado desfasada desde hace un par de años sin que las diputaciones hayan maniobrado para ajustarse a la situación argumentando que había una reforma fiscal en ciernes y que cuando se apruebe todo quedará resuelto.
Sin embargo, esa reforma que elevaría el mínimo exento actual de 14.000 euros hasta los 19.000 no termina de llegar y es muy posible que vuelva a quedarse en nada porque la coalición PNV-PSE no tiene apoyos para sacarla en Álava y Gipuzkoa, donde dependen del apoyo de Bildu o del PP. En Bizkaia sí tienen mayoría absoluta pero se han conjurado para evitar la desarmonización fiscal al grito de 'o lo hacemos en los tres territorios o en ninguno'.
Y es aquí donde el PNV, gestor de las haciendas que han estado obligando a tributar el SMI en Euskadi, presiona a EH Bildu evidenciando sus contradicciones para pedirle que mantenga aquí el mismo discurso que en Madrid y apruebe la reforma para evitarlo. Y es que conocida la decisión de la vicepresidenta Montero de no elevar el mínimo exento del IRPF en territorio común, el portavoz de la coalición abertzale en el Congreso, Oskar Matute, tachó de «ridículo» que no se haga.
¿Entonces, por qué no lo van a hacer en Euskadi? Es la gran baza que va a usar el PNV para presionar a los de Arnaldo Otegi durante la tramitación de esta norma foral. «No tiene sentido que en Madrid vayan a votar a favor de que suba el mínimo exento y aquí en contra para siga en 14.000», resaltan fuentes jeltzales.
Pero más allá de la batalla nacionalista entre PNV y Bildu con el tema fiscal como gran ariete (ahí está el gravamen de las energéticas, por ejemplo), las Haciendas forales también podrían aprobar la reforma con el PP vasco, que ha redoblado la apuesta y pide elevar este mínimo exento hasta 22.000 euros. El problema para el PNV es que gobierna con el PSE y el PSE no quiere pactar con el PP.
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