El PNV denuncia el «secuestro» de capacidad en la red eléctrica que frena la industria
Idoia Sagastizabal critica que existen megavatios disponibles a los que las empresas no tienen acceso mientras la ministra Aagaesen dice que el Gobierno trabaja para «maximizar su uso»
El Gobierno vasco teme que la saturación de la red de transporte de energía eléctrica se convierta en un problema estructural, pues supondría una amenaza ... para la competitividad de las empresas. Mejorar las conexiones, por lo tanto, es una cuestión «prioritaria» para el Ejecutivo autonómico, tal y como apuntó el consejero de Industria, Mikel Jauregi, hace un mes en una entrevista en EL CORREO: «Las empresas preguntan dónde está el enchufe y ahora no tenemos», lamentó.
Dado que la generación de energía renovable continúa sin despegar en Euskadi –condicionada por los largos trámites administrativos y la oposición de grupos ecologistas– el Gobierno vasco apuesta por potenciar la red eléctrica y el acceso del sector industrial a la misma. La diputada jeltzale Idoia Sagastizabal aprovechó su interpelación en la sesión de control de este miércoles para reclamar una interpretación «menos restrictiva» de la normativa que permite a las empresas acceder a esta red.
Sagastizabal denunció lo que considera un «secuestro» de los megavatios disponibles en las redes de transporte energético y que «debido a las rigideces legales no se pueden utilizar». En este sentido explicó que en la actualidad una subestación eléctrica con capacidad para suministrar 300 megavatios tiene diferentes puntos de carga. Sin embargo, «si una empresa se conecta para acceder a 50 megavatios, otra diferente no puede enchufarse para utilizar los 250 restantes porque Red Eléctrica –sometida a regulación pública– no lo concede».
En un momento en el que el Gobierno vasco, ante el convulso escenario geopolítico, centra sus esfuerzos en relanzar la industria –tiene comprometido un plan de ayudas de 500 millones–, el PNV considera que esta merma en la capacidad de acceso a la red «genera un privilegio para unos y para otros». Sagastizabal, de hecho, lo identificó «como un freno al crecimiento y la reindustrialización del país».
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, reconoció «la necesidad de agilizar los procesos de planificación y aumentar la inversión en infraestructuras eléctricas», aunque no asumió ningún compromiso explícito respecto a facilitar el acceso de las empresas a la red. En su respuesta a Sagastizabal, matizó que ya se han impulsado medidas en la dirección que los jeltzales exigen «como la caducidad de los accesos a la red y la exigencia de garantías económicas para los proyectos».
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