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El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria (MPEH) ha registrado este lunes una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que busca la creación de un sistema vasco ... de complemento de pensiones. El objetivo es garantizar que «todas las personas pensionistas mayores de 60 años, residentes y empadronadas en Euskadi, reciban unos ingresos mínimos dignos equivalentes al 100% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)». Los representantes de la comisión promotora de la iniciativa, Ana Mezo y Arturo Val del Olmo, han comparecido en el Parlamento vasco para presentarla y anunciar que trabajarán para «recoger 10.000 firmas desde hoy hasta el 24 de abril».
Se trata de la cantidad mínima fijada para que la iniciativa llegue como proposición de ley al pleno de la cámara legislativa, donde finalmente se decidiría si se tramita o no. Sin embargo, esperan conseguir «muchos miles más» de la cuantía necesaria. Una de las razones por las que exigen la subida es que actualmente «ni las pensiones mínimas fijadas en el Estado ni la Renta de Garantía de Ingresos garantizan esos ingresos mínimos de dignidad y de suficiencia».
Cabe recordar que en estos momentos el Salario Mínimo Interprofesional se sitúa en los 1.134 euros, a expensas de saber si termina subiendo hasta los 1.184, cifra propuesta por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Aunque no es la única incógnita. Tal y como han propuesto varios sindicatos, queda por saber si el País Vasco termina teniendo un SMI propio, que sería mayor que el español. En ese caso, los pensionistas tendrían como referencia la cantidad acordada en el SMI vasco para el cálculo del complemento.
El texto que la ILP ha registrado consta de trece artículos, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales. Los representantes de la comisión han querido hacer hincapié en un artículo en concreto, el número 3, al que consideran de gran importancia y en el que plantean que «el complemento para las personas pensionistas considere a cada una de estas como una unidad económica unipersonal, independientemente de sus relaciones de convivencia».
Explican que «si se incluyen, como ocurre por ejemplo dentro de la RGI, en la unidad de convivencia, y se encuadra en esa unidad de convivencia al cónyuge o a la pareja de hecho, al sumarse los ingresos de la unidad de convivencia, se excluye a la pareja automáticamente de cualquier tipo de ayuda, y a quien se penaliza es fundamentalmente a la mujer».
Asimismo, han pedido al Gobierno Vasco que «no se ponga de perfil ni se sitúe como espectador» frente a la iniciativa, ya que «es competente» para aprobarla. Según el colectivo, es el propio Ejecutivo el que debería actuar como puente para darla a conocer en todas las instituciones vascas implicadas -diputaciones, ayuntamientos y juzgados- con el fin de generar un debate social.
Desde la creación del MPEH, la reducción de la brecha de género ha sido una de sus grandes reivindicaciones. Y es que, según señalan, en Euskadi «una de cada tres personas pensionistas tiene ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional, y el 70% de estas personas son mujeres», que «en su mayoría perciben ingresos por debajo de 850 euros mensuales». Una situación producida debido a que «tradicionalmente la mujer ha sido discriminada en el mundo del trabajo, ha sido relegada a sectores feminizados donde el salario es muy bajo y han dedicado su vida a tareas de cuidados de menores y de familiares dependientes, que ni han sido valoradas, ni han sido retribuidas«.
Es otra de las razones por las que defienden la iniciativa, porque además de cubrir «una exigencia social hacia los pensionistas», se reduciría de manera «drástica» la brecha de género «que es superior al 30%».
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