Jubilación: así es la mochila austríaca que propone el Congreso

El sistema nació en Austria en 2003, cuando se eliminó la indemnización por despido y se sustituyó por la obligación de las empresas de 'depositar' en un fondo individualizado el 1,53% del salario bruto mensual de cada trabajador. Se trata de extender a todos los trabajadores la garantía de una indemnización que hasta entonces estaba reservada a quienes tenían al menos tres años de antigüedad en la empresa. Desde entonces, el empleado puede recurrir a este fondo en los supuestos de despido, de traslado o para realizar actividades de formación y se lo lleva consigo si abandona la empresa. Si no se ha utilizado antes, sirve de complemento de la pensión y si se fallece se entrega a sus herederos.

En España, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya creó una comisión para estudiar la implantación de este sistema y la 'mochila' llegó a estar contemplada en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Ciudadanos para la frustrada investidura de Pedro Sánchez en 2016. En él se recogía la creación de un fondo que se haría cargo del pago de ocho días por año en caso de despido y que, en caso de no ser utilizado, se acumularía para la jubilación. Otras características de aquella propuesta eran la posibilidad de que la entidad que gestionara el fondo lo invirtiera para conseguir una mayor rentabilidad, la entrega del dinero acumulado a los herederos en caso de fallecimiento y la obligación de tributar si, una vez jubilado, el trabajador opta por sacar todo el capital de una sola vez.

Al margen de los muchos (e importantes) detalles pendientes sobre cómo se realizaría la transición entre el modelo actual de indemnizaciones por despido y el de la mochila (qué pasa con la antigüedad acumulada, debe o no el empresario debería pagar por esos derechos generados, cómo generan fondos los contratos eventuales), las principales críticas al sistema se centran en el castigo que supone para las empresas con menor rotación de personal, que verían incrementados sus costes laborales frente a las que recurren con mayor frecuencia al despido que no harían grandes desembolsos al prescindir de alguien.

También es muy cuestionado el papel de las entidades autorizadas por la Administración para la gestión de estos fondos y las opciones de inversión que ofrecen para la gestión de estos fondos. En Austria tienen la obligación de garantizar como mínimo el cobro integro de lo aportado por el trabajador. Es decir, no cabe la posibilidad de registrar pérdidas, lo que implica que toman posiciones muy conservadoras y que, por tanto, acaban ofreciendo una rentabilidad más baja que la que el trabajador podría alcanzar gestionando él mismo el riesgo que quiere asumir a través de otros productos. Además, esa gestión de los fondos no es gratuita; las entidades cobran comisiones de administración y gestión que el trabajador no puede negociar.

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