Pensiones imposibles

Aprovecharemos, en consecuencia, la oportunidad, para establecer una panorámica del futuro del sistema de las pensiones públicas en España y alertar de que las reformas citadas son insuficientes.

La base de partida es que nuestro sistema de prestación definida, una caja cerrada de solidaridad intergeneracional no da para lo que se necesita y menos aun para lo que se pide. Lo que se pide trasciende en muchas ocasiones la caja cerrada y constituye una subvención. La caja tampoco da para lo que se necesita por varias razones decisivas.

Por ejemplo, los resultados económico-patrimoniales negativos de la seguridad social acumulados entre 2010 y 2018 ascendieron a 115.022 millones de euros incidiendo en el patrimonio neto, que se ha tornado negativo desde 2016 hasta 2018. La causa básica reside en el distinto ritmo de crecimiento del gasto medio anual por pensionista (aumento del 18,73 %) respecto al del ingreso medio por afiliado (disminución del 1,28 %). El déficit entre prestaciones económicas a jubilados y los pagos de los cotizantes ascendió entre 2011 y 2018 a 134.201 millones de euros, una carencia de cobertura del 18%.

La previsión de liquidación del Presupuesto de 2020 estimaba un gasto no financiero en ese año de 171.785,0 millones de euros con un déficit de -19.769 millones. Este déficit solo se debió en parte a los efectos de la pandemia sobre las cotizaciones y las prestaciones. La prórroga de los presupuestos de 2020 incluía un préstamo del Estado como el de años anteriores, por 13.830 millones de euros, que se vio aumentado con otros 16.500 millones para hacer frente a la crisis Covid. El Presupuesto consolidado de la Seguridad Social para 2021 estima un gasto de 171.840 millones de euros, con unos ingresos de 157.547,6 millones y, por tanto, un déficit de -14.293 millones de euros. La aportación atípica de 2020 para sufragar las necesidades derivadas de la pandemia desaparece del Presupuesto de 2021 y se formaliza una nueva transferencia, con carácter permanente, que este año se cifra en 13.929 millones de euros. Como puede observarse la apelación a los presupuestos ordinarios se constituye en fuente complementaria habitual de financiación de las prestaciones según prevé la Ley 11/2020, de 30 de diciembre. Aun así, el déficit financiero de la Seguridad Social parece haberse enquistado en torno al -1,5 % del PIB desde 2014. Como es lógico el Tribunal de Cuentas ha declarado (2020) que «no existe ninguna razón que justifique que este endeudamiento se mantenga en el balance de la Seguridad Social» y que lo razonable «es que se adoptan soluciones para su saneamiento definitivo». Resulta evidente, en cualquier caso, que la asunción por el Estado de determinadas partidas de la Seguridad Social no resuelve el problema de la Seguridad Social, pero tampoco el de la insuficiencia financiera del sector público en su conjunto.

Son muchas más las incongruencias de nuestro sistema, pero la precariedad de nuestro espacio nos remite a una de carácter especialmente impopular: el Banco de España ha hecho hincapié en repetidas ocasiones a la contributividad excesiva de las pensiones en nuestro sistema. Y lo cuantifica: un pensionista recibe a lo largo de su jubilación 1,74 euros por cada euro de contribución aportado o, dicho de otro modo, los pensionistas reciben un 74% más de lo que cotizaron, siempre según el Banco de España.

Con una óptica de largo plazo, las proyecciones del gasto en pensiones y de sus ingresos muestran una disociación creciente. Mientras las cotizaciones evolucionan al mismo ritmo que el PIB nominal, el gasto en pensiones muestra una trayectoria entre 4 y 6 puntos porcentuales superior al PIB en los próximos treinta años.

En el contexto analizado, las reformas que hoy acomete el ejecutivo de Sánchez son poco más que minucias.