La obligación de cotizar por los becarios golpea a los inmigrantes sin papeles
Lanbide reconoce que les deja fuera de los certificados profesionales pero está negociando una solución
Si conseguir papeles y trabajo ya era un calvario para los inmigrantes, acaba de surgir otra dificultad más. Se trata de la nueva obligación de ... cotizar por las prácticas, ya sean remuneradas o no, vigente desde el 1 de enero de este año. Los extranjeros que están en situación irregular no pueden cumplir este requisito y, por tanto, se han quedado sin acceso a títulos como los certificados de profesionalidad, que les abrían las puertas al mercado laboral. Sus posibilidades quedan así muy mermadas.
La nueva obligación de cotizar por las prácticas no remuneradas de los becarios -antes era solo por las retribuidas- entró en vigor el 1 de enero y beneficiará a más de 40.000 alumnos de Formación Profesional (FP) y de las universidades en Euskadi. Es una regulación pensada para que los estudiantes vayan acumulando tiempo de cotización y cuenta con una importante bonificación de la Seguridad Social.
Noticia relacionada
Euskadi inicia el año con la destrucción de 9.756 empleos
Pero su implantación ha planteado una seria dificultad para los inmigrantes sin papeles, que no pueden ser dados de alta en la Seguridad Social. Es un problema especialmente grave en Euskadi, donde se ha apostado por incorporar a la formación a los extranjeros irregulares para facilitar su acceso al mercado laboral.
En el departamento de Educación aseguran que tienen ya una solución muy avanzada tras negociar con el Ministerio de la Seguridad Social. Pero en el caso de la formación para el empleo, gestionada por Lanbide, todavía existe una gran incertidumbre. «Es un problema para la obtención de los certificados profesionales. Vamos a tratar de que todos aquellos que están en estos momentos en cursos puedan acabarlos», explica a EL CORREO Francisco Pedraza, director del organismo público. A la vez, se está trabajando a contrarreloj para encontrar una solución a largo plazo.
Según explica, la nueva normativa afecta a las prácticas relacionadas con los certificados de profesionalidad, pero no al resto del catálogo de especialidades formativas. Aún así, si no se encuentra una solución, se quedarían fuera de la formación muchos inmigrantes. La incertidumbre es total en los centros de inserción.
Esta barrera complica sobremanera vías de regularización como el arraigo por formación, una modalidad introducida en la reforma del verano de 2022 impulsada por el ministro José Luis Escrivá. Esta figura permite acceder a los papeles a través de cursos formativos, siempre que se acredite previamente dos años de residencia y que se consiga después un contrato por el SMI en cómputo anual en aquello que se ha estudiado. Pero ahora los inmigrantes sin papeles no podrán acceder a los certificados de profesionalidad.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
