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El paciente sigue ingresado, pero a diferencia del dueño anterior, el médico ahora busca una salida y no la venta de sus órganos. Es un ... símil que emplea uno de los asesores financieros que participa en la operación para explicar la situación de Talgo.
El consorcio vasco liderado por Sidenor trabaja estos días en cerrar los flecos de un acuerdo que resuelve la propiedad y el control del fabricante de trenes. Pero ahora queda por delante garantizar el futuro de una compañía que viene de cerrar en 2023 un récord de ventas con 652 millones -que podría superarse este año-, dispone de una tecnología de las más avanzadas en doble ancho de vía y alta velocidad y cuenta con una cartera de pedidos de 4.000 millones.
Eso es lo positivo, lo preocupante es un triángulo con vértices que se retroalimentan pudiendo agravar la situación exponencialmente. Se trata de la capacidad industrial, el endeudamiento de la empresa y una sanción de 116 millones de Renfe, que podría escalar aún más. Precisamente esta multa es el golpe de gracia al ejercicio 2024. Las provisiones que requeriría en el balance condenaría a Talgo a números rojos agravando el apalancamiento financiero de la empresa.
Por eso, la fórmula con la que gestionar esta sanción centra las atenciones del presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga y del resto de socios del consocio, el Gobierno vasco y las fundaciones BBK y Kutxa, que se han hecho con el 29,7% de las acciones de la compañía.
Desde Renfe, aseguran fuentes conocedoras de la situación a EL CORREO, los servicios jurídicos del operador público trabajan estos días en fórmulas como un aplazamiento. Sería una vía para aliviar el impacto en el balance de Talgo al no exigir el mismo nivel de provisión de fondos. El pago a plazos sería otra manera de ayudar. De hecho, el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, aclaró el viernes que «vamos a colaborar al límite para que Talgo salga adelante, pero dentro del marco legal». Un mensaje que centra el tiro: «Aplazamientos y fraccionamientos» sí, pero no se puede eliminar la sanción ejecutada el pasado diciembre. «Estamos sometidos a un control y no puede ser de otra manera», aclaró el número dos del Ministerio de Transportes.
Junto al aplazamiento, el alivio podría venir también de los recursos que presente Talgo. Y es que la multa responde a uno de los expedientes abiertos por el retraso de más de dos años en la entrega de 30 trenes de alta velocidad -los llamados Avril-. El fabricante señala que dentro del contrato con Renfe, el operador público se había comprometido a ceder una serie de horas en vía con sus conductores de locomotora para realizar las pruebas y hacer los últimos ajustes en los trenes. Toda minoración sobre el importe a pagar por parte de Talgo que pueda resultar será bienvenida.
La dirección de la empresa, todavía pendiente de la transición de dueños, comunicó a los sindicatos que las multas iban a provocar unas pérdidas que imposibilitaban su variable salarial. Un pago que equivale a cerca de un 12% de su retribución. Por ello, el sindicato mayoritario, CSIF, ha anunciado paros que repercutirán en 22 líneas de Renfe y las otras centrales, UGT y CC OO, se han manifestado advirtiendo de una escalada en las protestas si no se resuelve la cuestión.
El segundo vértice del triángulo es la deuda. De hecho, su renegociación es una de las primeras decisiones a tomar, como explicó ayer en este periódico el consejero de Industria del Gobierno vasco, Mikel Jauregi. Se acumulan varios elementos. Por un lado, los tipos de interés que encarecieron los gastos financieros el pasado año. Un aspecto clave en el negocio ferroviario, ya que cada pedido cuenta con un crédito para su fabricación, además de un aval frente al cliente. Si a eso se añaden los retrasos en la entrega, hay falta de ingresos. Una bola que elevará el pasivo de Talgo, según informó la empresa en septiembre, hasta casi 6 veces el ebitda (beneficios antes de impuestos). Son unos parámetros que podrían aflorar el debe de la empresa más allá de los 500 millones en la presentación de resultados prevista para este jueves.
El tercer vértice del triángulo es el plan industrial del que todavía Jainaga no ha desvelado detalles pero que pasa por reforzar la capacidad de fabricación para dar salida a los más de 4.000 millones de pedidos. Una de las opciones es la subcontratación de parte de los trabajos a otras empresas. Es donde se encuadran memorándums como el firmado en septiembre con la polaca Pesa. De hecho la compañía, tras desistir de presentar una opa por Talgo, ofreció esta misma semana su disposición a colaborar. Una de las entregas que más aprieta el calendario es la de 56 trenes a Deutsche Bahn por 1.400 millones.
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