la norma y el sentido común

la norma y el sentido común
Ignacio Marco-Gardoqui
IGNACIO MARCO-GARDOQUI

Cuando estudiaba Derecho - hace dos glaciaciones -, enseguida aprendí que se trata de establecer el código de la circulación de la vida, eso que nos permite vivir en la civilización y ordenar los conflictos. Luego me di cuenta de que, si bien la Justicia, con mayúsculas, es ciega o pretende serlo, la justicia con minúsculas es responsabilidad de unos seres humanos a quienes les encargamos su aplicación. Todo esto nos lleva a concluir cosas tan obvias como que la civilización cambia y con ella la idea de la Justicia y que como la aplican los hombres y los hay de todo tipo e ideología, las sentencias tienden a ser igual de diversas y de ahí que las contradicciones sean habituales y comprensibles. Pero una cosa es que existan y otra que nos conformemos con ellas y no atajemos sus consecuencias.

Además de todo esto, el asunto de las hipotecas nos ha recordado, si falta hacía, que la justicia se aplica en el mundo real y provoca consecuencias reales. Lo pudimos comprobar en cuanto el Tribunal Supremo modificó su criterio anterior, sobre quien debe cargar con el peso del impuesto que grava la constitución de las hipotecas, acompañantes habituales de los préstamos hipotecarios. De ahí su nombre. Por ahí deambula el conflicto y surgen las discrepancias. Un conflicto y unas discrepancias que han alcanzado las más altas cimas de la Magistratura, sumida en un lío tan enorme que hasta el presidente del Supremo se ha visto obligado a pedir disculpas al País.

Parece que el nudo gordiano jurídico está en determinar si la hipoteca es el negocio principal, y entonces lo debe asumir quien se beneficia de ella, es decir el banco que gana en seguridad. O lo es el préstamo a quien acompaña y la hipoteca es un añadido relevante y entonces deberá pagarlo el prestatario que lo suscribe, dado que es él quien se beneficia del acto jurídico, al recibir el dinero necesario para adquirir el bien deseado.

Hay pocas dudas de que el Tribunal Supremo encontrará la forma de compatibilizar la norma con las presiones populares y establecerá que son las entidades financieras quienes deben correr con el impuesto. La duda es si impondrá o no un periodo de retroactividad. Si no lo hace, solución salomónica, el tema no será grave para los bancos pues pagarán, primero, y trasladarán después - si la competencia se lo permite -, su costo al cliente. No se escandalice por ello, es lo mismo que hacen todos los sectores económicos y lo que usted mismo haría si alquila un piso y le suben los costes.

La retroactividad sería terrible para las cuentas de resultados de los bancos, algo que alegraría a muchos convencidos de que son malos y por eso hay que castigarles. Una opinión de éxito creciente y de resultado equivocado. Porque, ¿Conoce usted algún país, desarrollado o no, que funcione sin esa actividad? ¿Quién resulta perjudicado cuando quiebran? Los accionistas, ya, y ¿los empleados? ¿Y los clientes? ¿Y los contribuyentes? Ojalá el Tribunal Supremo sea capaz de conjugar el principio jurídico con el sentido común.

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