Las necesarias conciencia ciudadana y agilidad administrativa

La Estrategia Energética de Euskadi 2030 contempla, entre otros objetivos, conseguir para ese año una cuota de renovables en el consumo final de energía del 21%. Actualmente apenas llega al 10%. Para alcanzar esa meta no basta con colocar paneles fotovoltaicos en los tejados de viviendas e industrias. Hacen falta parques solares y eólicos.

Pero ese desarrollo se topa en Euskadi con una notable contestación ciudadana, recelosa del impacto que a todos los niveles supone tener cerca instalaciones de este tipo. Los participantes en el debate creen que la solución a este problema está en la «concienciación ciudadana». Porque, como recuerda José Luis Elejalde, «la alternativa ya sabemos cuál es y la estamos pagando», en alusión al uso del gas para generación eléctrica.

El hecho de que la mayor parte de la energía se produce en entornos rurales, pero se consume sobre todo en las ciudades, hace necesario reflexionar sobre la posibilidad de «compensar» de alguna forma a la población que vive cerca de los parques. Algo en lo que está de acuerdo Carlos López de las Heras, de Tubos Reunidos. «Hay que hacer que la gente de ese ámbito pueda participar del beneficio económico» que puede conllevar la instalación de un parque eólico o fotovoltaico.

Algo parecido ocurre con las plantas de valorización de residuos, recordó Olga Martín, del clúster Aclima. «Existe contestación social a instalaciones de estas características. Pero tenemos que verlas como una generación de industria y empleo».

Josu Ibarbia, del Grupo CAF, cree que en cuanto a concienciación, «otros países ya lo están haciendo», Y cita a Alemania, en su opinión un ejemplo de pragmatismo medioambiental. «Allí incluso el Partido Verde ha modificado su posición respecto a la energía nuclear», recuerda.

Asís Canales considera de gran importancia «que el ciudadano perciba el beneficio» de la transición energética, «ya sea en generación de empleo o de consumo de energía más barata». El responsable de compras de Iberdrola puso sobre la mesa otro obstáculo al avance de la transición energética: los «interminables» procesos administrativos.

Canales explicó que la tramitación para colocar un cargador eléctrico de coches «dura 20 meses. ¿Cómo vamos a desarrollar así una amplia red de cargadores?» Se pregunta. A su juicio, hay que «revisar por completo» una legislación que siga siendo «garantista» para la ciudadanía, pero que al mismo tiempo acelere los plazos administrativos.