Mariana, la empleada del hogar que ha logrado que todas tengan derecho al paro

Mariana es una empleada del hogar extranjera radicada en Galicia desde hace mucho tiempo que hace nada menos que once años acudió a un abogado laboralista para que le aconsejara qué hacer. Se trataba de Javier de Cominges, de Vento Abogados, que también es profesor asociado en la Universidad de Vigo. En aquel momento, el letrado le dijo que lo mejor era darse de alta en la Seguridad Social ya que no estaba despedida, pero ello implicaba que las dos partes estuvieran de acuerdo

Para ello, Carmen debía de pagar un poco más. Y Mariana tendría que hacer frente a la cotización, lo que supondría ingresar menos dinero. Ambas se comprometieron, pero en la administración el caso se torció. «A mí lo que me preocupaba era verme con 60 años sin trabajo», cuenta la trabajadora de esta historia, que se niega a ser protagonista. Si eso ocurría y no tenía derecho a paro, su situación era delicada. Estaba «asustada». «Sin formación, sin posibilidad de encontrar un nuevo empleo y sin derecho a ninguna pensión», dónde iba a ir ella. «Era una desprotección absoluta», contó a 'La Voz de Galicia' meses antes de que se desatara la pandemia, una situación que aún dio más valor a su caso.

A finales del 2019 presentó una solicitud ante la Tesorería General de la Seguridad Social para cotizar por desempleo y tener derecho a la prestación. Tras estudiar su caso se la denegaron alegando estaba dada de alta en el régimen especial de empleadas del hogar. Ahí es cuando Cominges le recomendó a Mariana ir a juicio, un paso que la ha convertido en símbolo de la lucha de las empleadas del hogar por convertir su trabajo en una profesión reconocida.

El caso llegó primero al Juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Vigo. La defensa de Mariana alegaba que se estaba vulnerando la igualdad entre hombres y mujeres al marginar a este colectivo femenino. Luego se elevó la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En el auto se preguntaba si las directivas europeas que promueven el principio de igualdad y de oportunidades entre hombres y mujeres se oponen a una norma nacional y si la negativa a proteger con desempleo a las empleadas del hogar supone una discriminación a la mujer proscrita por la UE.

Expusieron el caso de Mariana en una vista oral en Luxemburgo y allí recibieron el impulso definitivo. En una sentencia hecha pública el 24 de febrero, el alto tribunal precisa que la normativa española contraviene el Derecho de la Unión en la medida en que dicha disposición sitúa a las trabajadoras del hogar en desventaja particular con respecto a los demás trabajadores y no está justificada por factores objetivos y ajenos a cualquier discriminación por razón de sexo.

Pocos meses después, el Gobierno de Sánchez ha recogido el guante y aprobará este martes en el Senado el derecho a paro para todo el colectivo de las empleadas del hogar. Un paso muy importante si tenemos en cuenta que hay casi 400.000 personas afiliadas a este Sistema Especial. A lo que hay que sumar otras 200.000 que, según los sindicatos, trabajan en negro.

Por cierto, 8 de cada 10 son mujeres. Y en su mayor parte, inmigrantes, el eslabón más débil de una cadena cuya situación se deterioró a causa del covid. Con el confinamiento, muchas familias prescindieron de los servicios de este tipo de trabajadores.

Se fueron a la calle en una situación penosa, sin ayudas de ningún tipo, por lo que dejaron de ingresar dinero. Algo que ahora se intenta subsanar y evitar que se repita. Y todo gracias al temor de Mariana por un futuro que tenía a la vuelta de la esquina y a su valentía por llevar el caso hasta sus últimas consecuencias.