Recortar el déficit fiscal, pero no con más impuestos

Pues bien, la presión fiscal en España aumentó en casi tres puntos entre los años 2019 y 2022, desde el 35,4% al 38,3% del PIB. Y lo hizo en buena medida por la decisión del Gobierno central de no deflactar con la tasa de inflación las tarifas y las deducciones familiares y personales del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en territorio común. Así lo expresa en un reciente estudio la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) tras analizar las cifras oficiales facilitadas por Eurostat, la agencia estadística europea. Según el estudio, el desglose de los 2,9 puntos de subida de la presión fiscal sería el siguiente: 1,9 puntos por el incremento de recaudación en el IRPF, un 0,5% por la subida del IVA y otro 0,5% por el aumento de las cotizaciones sociales, fundamentalmente a cargo del empleador.

Ubicando el dato señalado en la polémica acerca de la suficiencia o no de nuestra situación fiscal, la conclusión inmediata es que nuestra presión está creciendo a mayor velocidad que en el conjunto de la Unión Europea, donde apenas ha aumentado dos décimas sobre el PIB comunitario desde el inicio de la pandemia y cinco décimas en la zona euro. Cabe añadir que España fue el país de la OCDE donde más se incrementó el índice que estudiamos en la última década, solo por detrás de Eslovaquia y Corea del Sur.

A pesar de la bondad del dato, la izquierda heroica sigue denunciando que España mantiene una diferencia excesiva con la media comunitaria, del 41,2% o de la Eurozona, del 41,9%. Denuncia que nos invita a colocar la correspondiente sordina a lo que en un análisis ecuánime debe interpretarse como una música estridente y fuera de lugar. La crítica al concepto de presión fiscal no reside en su validez relativa como tal, sino en el uso obsesivo que se le da simplificando el debate hasta convertirlo en indicador único.

Figurar en los puestos intermedios del ranking de presión fiscal no implica incurrir en posiciones desfavorables en las listas de los indicadores económicos básicos. La media de la OCDE se sitúa en el 34,1%, 4,2 puntos por debajo de nuestro porcentaje. Y países como Reino Unido (33,5%), Canadá (33,2%), Corea del Sur (29,9%), Suiza (28%), Estados Unidos (26,6%) o Irlanda (21,1%), todos por debajo de nuestro porcentaje de presión fiscal, mejoran nuestro desempeño económico. Reducir la bondad de un sistema fiscal al cociente de dos macromagnitudes como son la recaudación y el PIB constituye una simplificación poco rigurosa. La presión fiscal ignora cuestiones distributivas, aspectos de capacidad económica -renta disponible- o consideraciones de bienestar social.

En particular, la problemática de la macrofiscalidad debe incluir un concepto esencial como es el del sacrificio fiscal, propuesto hace más de medio siglo por Henry Frank y Richard Bird. Este índice de sacrificio fiscal, además de tener en cuenta la recaudación y el PIB, considera también el tamaño poblaciones y la renta 'per cápita'.

Para entenderlo basta comparar el sacrificio fiscal de un danés cuya presión media fiscal (46,9%) sobre la renta 'per cápita' danesa (64.450 euros/año) es inferior al sacrificio fiscal del contribuyente español cuya presión media (38,3%) gira sobre la renta 'per cápita' española (28.280 euros/año). La renta disponible de un danés (34.800 euros) siempre será superior a la de un español (18.800 euros), aunque su presión fiscal también sea superior. Adicionalmente, no puede obviarse aquí la extrema incompatibilidad que representan países con paros del 15% (España, en series de 20 años) e inferiores al 4% (Dinamarca). Aunque la presión fiscal española (38,3%) se sitúe en una zona media entre los países centrales, su esfuerzo fiscal está muy a la cabeza de la tabla correspondiente a este criterio.

Como el presidente Sánchez no quiere disminuir el gasto público, pero se ve presionado por Bruselas para recortar el déficit fiscal, buscará aumentar la presión fiscal para financiarlo. Craso e injusto error.