Una economía condicionada por una política muy cuestionada

El cuadro macroeconómico confirma que la economía española ha mantenido un aceptable dinamismo a pesar del frágil entorno internacional, con un crecimiento del PIB del 2,4% en 2023. Gracias a las rectificaciones introducidas a mediados de ejercicio en la contabilidad del INE, España navega ahora a una tasa de un 2% superior a la registrada a finales de 2019, aunque sigamos siendo el farolillo rojo del pelotón europeo y de la OCDE. Esta diligencia es solamente relativa ya que nuestra baja productividad nos conduce a unos resultados decepcionantes: en 2023 seguimos manteniendo la misma diferencial de renta per cápita con la media de la Unión Europea que en 1995. En realidad, como mostraba el Informe Anual del Banco de España publicado en primavera, la convergencia económica de España con la Eurozona no sólo se ha estancado, sino que se ha revertido. Son 28 años en los que las conquistas realizadas han quedado contrarrestadas por los estragos de las crisis.

En cuanto al paro y a la afiliación a la seguridad social, hay que destacar el acelerón en la creación de empleo en lo que llevamos de 2023, aunque el ritmo es de menor intensidad en los últimos meses, comenzando a dar signos de ralentización. El empleo, sobre todo en servicios no relacionados con el sector público o con el turismo, está apuntalando la actividad. La estadística dejó en noviembre un total de 2,73 millones de desempleados, con 20,81 millones de afiliados trabajando, 522.443 más que hace un año. La tasa de paro a finales de año se estima en el 12,2%, a pesar de la heterogeneidad de las cifras históricas por la existencia de fijos discontinuos inactivos. Al éxito en términos objetivos debe contraponerse la decepción que representa para nuestro país portar el antorcha de la mayor tasa de paro en el mundo desarrollado, contaminados como estamos por una dolencia denominada 'paro estructural' que nos frena en nuestra trayectoria descendente hacia un solo dígito. A ello se une la flagrante contradicción advertida por un 42% de nuestras empresas, con problemas para contratar trabajadores, como revela asimismo otra reciente encuesta del Banco de España. Una escasez de trabajadores que no solo encubre un problema de cualificación, sino de falta de aliciente para trabajar a los niveles salariales vigentes en el mercado. Lo que abre la puerta a la necesidad de una profunda revisión del sistema nacional de subvenciones.

La inflación, una lacra desestabilizante del ecosistema económico, produciendo traslaciones erráticas de costes y pérdida relativa de competitividad en los mercados, junto a evidentes tensiones sociales, ha logrado reconducirse a niveles aceptables. La mejor gestión en el acaparamiento de productos energéticos, en especial del gas, llevó a España a liderar la rebaja de las tensiones de precios durante meses. Con el paso del tiempo la tasa interanual de la zona euro se ha moderado más que la española, hasta el 2,4%, según confirmó el martes pasado Eurostat. España registra un 3,2% para el índice general y un 4,6% para la subyacente. Parece evidenciarse que nuestra mayor resistencia a la baja obedece últimamente más a los efectos de segunda ronda -las fuertes subidas salariales, entre otros- que a la anterior evolución de los precios energéticos. Los salarios medios baten a la inflación subiendo un 4,2% hasta los 2.118 euros.

En resumen, la nave económica española se abre paso entre las aguas minadas de una política general muy cuestionada. Es difícil aventurar la influencia que la deriva del Ejecutivo central pueda ejercer en la integridad de aquella.