LOS LÍMITES DEL SECTOR PÚBLICO

LOS LÍMITES DEL SECTOR PÚBLICO
Carlos Aguirre
CARLOS AGUIRRE

El otro día me preguntaban sobre cuáles son los límites del sector público, o si se quiere, cuál es su dimensión idónea. La respuesta es tan simple, o complicada, como que depende de cuáles sean las expectativas de los ciudadanos sobre la prestación de los servicios públicos y, sobre todo, de cómo los financiamos.

En las últimas décadas nos hemos dotado de un sistema de asistencia y protección social equiparable en gran medida al de nuestros vecinos de la Europa Occidental. La sanidad y la educación públicas, la seguridad ciudadana, la justicia, los sistemas de asistencia y protección social, las pensiones, constituyen el bloque esencial de prestaciones sociales y, a su vez, la parte fundamental del gasto público. Aquí el tema no es tanto si queremos o no estos servicios y que además estos sean de carácter público, sino cómo los financiamos. En definitiva, qué estamos dispuestos a aportar cada uno de nosotros para disponer de unos servicios universales y de calidad, porque lo que está detrás de esta afirmación es algo tan sencillo como que hay que pagarlos.

El tema no es tanto si queremos o no estos servicios públicos, sino cómo los financiamos.

Llegado a este punto me parece que he abierto un melón lo suficientemente grande como para hacer una tesis doctoral, tan de moda hoy en día. Podemos hablar de los distintos modelos de sector público, los diferentes sistemas educativos, sanitarios, de asistencia social, de prestaciones sociales, la propia eficiencia del sector público, la labor del sector público como regulador y dinamizador de la economía, la dotación de infraestructuras públicas, la colaboración público-privada, los sistemas de ingresos, y así hasta donde queramos. Pero como este no es más que un sencillo artículo de unas pocas líneas, me voy a centrar en un aspecto tan básico como son los ingresos, y más concretamente la presión fiscal necesaria para cubrir y garantizar los servicios públicos.

Como he dicho antes, creo que todo el mundo quiere los mejores servicios públicos. El tema está en cuánto estamos dispuestos a pagar por ello; en definitiva, el esfuerzo fiscal que se nos requiere a cada uno de nosotros. La presión fiscal en España se encuentra en torno al 34% de nuestro PIB. ¿Esto es mucho o poco? Bueno, depende de con quién nos comparemos y esto está en función de a quién nos queremos parecer. Yo particularmente quisiera asimilarme en esta materia con los países más avanzados de la Unión Europea, o sea, nuestros vecinos del norte. Allí los servicios públicos son en general más y mejores fruto de una presión fiscal superior.

Nuestra presión fiscal se encuentra siete puntos por debajo de la media de la Eurozona. En teoría habría mucho margen de mejora.

Es cierto que España ha realizado un importante esfuerzo en los últimos 40 años, donde hemos pasado de poco más del 20% de presión fiscal a finales de los setenta al 33% a inicios de los noventa. A partir de ahí tampoco hemos avanzado más. Hemos tenido picos de casi el 37% en las épocas más boyantes de la especulación urbanística, para después caer por debajo del 30% hasta asentarnos ahora en la franja del 33-34%. Esta presión fiscal se sitúa 7 puntos de PIB por debajo de la media de la Eurozona, por lo que la mayoría de países de nuestro entorno se encuentra bastante por encima. Por ejemplo, Francia se sitúa 13 puntos arriba, Suecia 10, Italia 8 y Alemania 6. ¿Es esto mucho?. Bueno, teniendo en cuenta que el PIB español es 1.170.000 millones de euros, y cada punto de PIB representa unos 11.700 millones, 7 puntos (la media de la Eurozona) serían más de 80.000 millones de euros. Si nuestro último déficit público, el de 2017, fue el 3,1% del PIB, nos quedaría un margen de 3,9 puntos de PIB, es decir, unos 45.000 millones.

Puestos a seguir especulando, con esos 45.000 millones podríamos paliar por ejemplo el déficit de la Seguridad Social, que este año apunta por encima de los 20.000 millones, y mejorar la dotación de otra serie de servicios e infraestructuras públicas.

Hace falta una mayor conciencia fiscal, pero para que la haya resulta necesario una mayor eficacia y transparencia en la gestión de los recursos públicos.

Evidentemente estos son ejercicios numéricos. No resulta tan fácil establecer un modelo fiscal capaz de aflorar 80.000 millones. Más me atrevería a decir, esto es imposible, porque el modelo fiscal es una parte del sistema, pero no la única. Las otras, tanto o más importantes, son la propia estructura económica y productiva del país y, sobre todo, la cultura y concienciación fiscal de los contribuyentes. Según me dicen los que saben de esto, la cultura fiscal por ahí fuera es bastante superior a la nuestra, en el convencimiento de que todos son responsables de contribuir para preservar su modelo de bienestar. Pero para que ello sea así resulta fundamental que, por la otra parte de la balanza, la del gasto público, se establezca un modelo de eficacia y transparencia en la gestión, de forma que los ciudadanos tengan la convicción de que su esfuerzo contributivo se gestiona de la mejor forma posible. Fácil de decir, pero, me temo, no tan sencillo de desarrollar.

Desde mi perspectiva los profundos cambios que se están produciendo en nuestra sociedad, y entre ellos la dinámica demográfica, necesitan una profunda reflexión y un alto consenso político sobre el modelo fiscal (por el lado de los ingresos, pero también por el de gastos) necesario para mantener y garantizar nuestro modelo de país. Porque las cuentas empiezan a no salir.

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