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Un todo o nada. Esa fue la apuesta del lehendakari, Imanol Pradales, cuando la semana pasada anunció que acudiría a la Conferencia de Presidentes convocada ... por Pedro Sánchez para este viernes 6 de junio en Barcelona. Una presencia que, según apuntan fuentes de Lehendakaritza, no confirmó hasta asegurar que el orden del día contendría el tratamiento de lo que se ha convertido en el principal problema para la economía vasca: la energía y el acceso a la electricidad.
Y es que la falta de desarrollo de la red eléctrica, que se mostró estratégica con el apagón de 28 de abril, lleva tiempo preocupando mucho al sector y al mundo empresarial en Euskadi. El propio Pradales puso cifras a ese riesgo en el pleno monográfico sobre Industria que ayer celebró el Parlamento vasco: «Hasta 75.000 personas podrían ver peligrar su futuro si no acometemos inversiones de manera urgente», señaló. Además, continuó, la falta de enchufe en la industria vasca «afecta hoy a 117 empresas» y, según el Ejecutivo defendió en sus explicaciones al operador estatal Red Eléctrica Española, hay actualmente 23 proyectos empresariales en barbecho por falta de red.
El lehendakari trasladó la sensación de urgencia porque «la situación exige que actuemos ya». Por eso anunció que en la Conferencia de Presidentes del próximo viernes solicitará un Cupo vasco «energético-industrial». Fue la denominación que empleó para referirse a una encomienda de gestión. El mecanismo es sencillo y consiste en que el Gobierno vasco asuma las inversiones, las licitaciones y las ejecuciones de las obras sobre la red eléctrica para, después, pasar la factura al Estado. Es una solución que trata de ganar agilidad y rapidez en la actuación y es algo que ya se ha aplicado, por ejemplo, en la construcción de la Y vasca de alta velocidad ferroviaria. Los importes y su abono se acuerdan en el marco de relación financiera entre el País Vasco y la Administración General del Estado que se recoge en el sistema del Cupo.
La propuesta llega en un momento clave, ya que España afronta ahora la concreción y el reparto del plan de inversiones para la red eléctrica. Son entre 52.000 y 58.500 millones de euros hasta 2030, que deben hacer posibles los objetivos recogidos en el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima). Ese documento fija en cinco años, fruto de la descarbonización, un aumento de la demanda eléctrica hasta los 280 TWh -un 34% más que en 2019-. Para dar respuesta establece también un aumento de la generación renovable hasta duplicarla representando un 81% de todo el mix.
Nada de eso es posible sin el adecuado desarrollo de la red eléctrica, que en su regulación y operación dependen en exclusiva del Gobierno de España, y cuya gestión adjudica en régimen de monopolio y precios regulados.
Carrera entre autonomías
Por eso es determinante la carrera que se abre ahora para el reparto y despliegue de las inversiones. La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, solicitó a principios de año a las comunidades autónomas que le enviasen sus prioridades.
En esa distribución, el lehendakari pidió ayer que se ejerciera un principio de «discriminación positiva» para priorizar a las zonas y «economías de base industrial, como la vasca, ampliando las redes en aquellos territorios que cuentan con proyectos de descarbonización concretos y necesidades urgentes definidas».
Con ese objetivo, el Gabinete Pradales ha elaborado un documento que adelantó EL CORREO con las necesidades vascas y que envió al operador detallando esas 117 empresas afectadas, los 23 proyectos y los 75.000 empleos en riesgo. La propuesta es aumentar la capacidad de la red en Euskadi un 50% hasta llegar a los 18.000 megavatios en cinco años.
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