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Las empresas españolas están obligadas desde 2019 a contar con registro de jornada que marque bien la hora de entrada y salida de sus empleados. ... Independientemente del tamaño y el sector, deben implantar un sistema para que sus trabajadores puedan 'fichar', de forma que quede constancia del tiempo que dedican a sus tareas profesionales (y si este se ajusta a lo que han firmado). Han pasado cinco años y medio desde que esta medida entrara en vigor y, por mucho que la pandemia y el confinamiento entorpecieran su aplicación, el resultado no ha satisfecho las expectativas, pues las infracciones por el incumplimiento de esta materia son las más habituales.
El Gobierno vasco insiste en que asegurar el correcto cumplimiento de los tiempos de trabajo es «la asignatura pendiente del mercado laboral». La cuestión es que el cuerpo de inspectores autonómico -que el Ejecutivo prevé reforzar- investigó el año pasado a 1.624 empresas por esta cuestión. 559 de los casos terminaron con actas de infracción a las compañías y su correspondiente sanción, mientras que en 485 la intervención se cerró con un requerimiento para la subsanación de lo que esté mal. Es decir, que se detectaron abusos en el 64,29% de los casos.
Entre las irregularidades relacionadas con estos abusos figura la falta de registro horario o que el sistema utilizado no reconoce de forma veraz las horas que dedica el trabajador, ya que se encuentran situaciones en las que está diseñado para que de forma automática se anote la jornada pactada y no la que realmente hace. En otros casos, directamente, el empleado dedica más tiempo de lo que realmente tiene firmado sin cobrar por las horas extra. La manera en la que el cuerpo de supervisores detecta estas situaciones es presentándose sin previo aviso en las oficinas de la compañía, donde conversa con los trabajadores y consulta el sistema que monitoriza el momento de entrada y de salida.
La subdirectora de la Inspección de Trabajo del Gobierno vasco, Iciar González, explica que la mayoría de estas irregularidades se detectan gracias a denuncias, que pueden llegar a la Administración a través de los sindicatos o de los mismos empleados afectados (en estos casos, existe un buzón para interponer una reclamación de forma anónima). El Ejecutivo autonómico también realiza campañas de oficio para identificar estas situaciones en las que los asalariados dedican más tiempo a sus labores del que tienen firmado. González añade que estas infracciones se dan en todo tipo de empresas, «sin atender a un patrón concreto por su tamaño o sector».
Esta situación de incumplimientos, que también se da en el conjunto de España, impulsa al ministerio de Trabajo a preparar una normativa más estricta de control horario. Es una de las cuestiones que incluye la ley que pretende rebajar la jornada laboral a las 37,5 horas semanales, que ya está en tramitación parlamentaria (aunque todavía no dispone de los apoyos suficientes para salir adelante). Lo que el equipo liderado por la ministra Yolanda Díaz quiere, en definitiva, es prohibir el registro en papel e implantar un sistema digital que Inspección pueda controlar de forma remota.
Aunque las infracciones derivadas por los abusos del horario laboral son las más habituales -el Gobierno vasco pretende aumentar el número de supervisores para perseguirlas-, estas también ocurren en otros ámbitos. El año pasado el cuerpo de inspectores autonómico investigó a 20.587 empresas y en 7.000 de ellas se detectó algún tipo de anomalía. Sin embargo, solo en 1.905 la irregularidad derivó en una infracción.
Gran parte del éxito de estas inspecciones se deben a la denominada 'herramienta de lucha contra el fraude', un programa del Ministerio de Trabajo que utiliza tecnológica 'big data' para detectar indicios de irregularidades en las empresas. Esta herramienta se empezó a utilizar en 2018 y desde entonces ha logrado regularizar más de 50.000 contratos en Euskadi.
Torres ha confirmado esta mañana que la semana que viene se celebrará la comisión Mixta de Transferencias que dé luz verde al traspaso de la tramitación de los permisos de trabajo para personas extranjeras, que será asumido por el Gobierno vasco. El vicelehendakari ha insistido en que es una herramienta de una importancia fundamental «en un momento en el que se constata la escasez de profesionales en algunos sectores».
Esta transferencia tiene una derivada en la Inspeción de Trabajo, ya que el control y vigilancia laboral en materia de extranjería pasará a realizarse desde Euskadi. Torres ha matizado que el Ejecutivo autonómico trabajar en «concretar los aspectos técnicos» de esta transferencia, que debe materializarse el próximo viernes.
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