La industria vasca de defensa intenta engancharse al millonario plan de Sánchez

España no es ajena a este giro y acelera con fuerza en la carrera armamentística europea. El martes pasado, en una comparecencia sorpresa en pleno luto oficial por la muerte del Papa, el presidente del Gobierno anunció su intención de elevar el gasto en defensa al 2% del PIB durante este mismo año. Es un paso histórico que alinea a España con los objetivos de la OTAN tras una década de aplazamientos. Una apuesta de calado que Pedro Sánchez pretende implementar sin pasar por el Congreso y sin tramitar nuevos presupuestos, con el argumento de que basta con una simple reorganización de las partidas de las cuentas de 2023.

La medida supone una inyección adicional de 10.471 millones de euros, pues la inversión en defensa salta del 1,4% al 2% del PIB. Este incremento no solo implica un cambio cuantitativo, sino también cualitativo en la estructura del gasto público, con un impacto directo sobre el tejido industrial. En Euskadi, actores estratégicos como ITP Aero, Sener o Satlantis se posicionan para absorber parte de esta nueva demanda.

Euskadi camina así hacia un completo cambio de paradigma junto a unas instituciones que ya han superado las reticencias históricas -enfatizadas en una Euskadi que votó en contra de entrar en la OTAN- a aumentar el gasto en defensa y que ahora adoptan un enfoque más pragmático. El propio lehendakari, Imanol Pradales, señaló en la sesión de control anterior a la Semana Santa la necesidad de invertir en este área. El vicelehendakari, Mikel Torres, apuntó en febrero en la misma dirección al atisbar «un desarrollo muy importante» para el sector. Este respaldo institucional al rearme avanza con una sorprendente falta de resistencia política entre la oposición, que contrasta con la trascendencia del giro que se está gestando.

Las empresas que forman parte del sector, especializado en tecnología avanzada, ingeniería de precisión y componentes estratégicos para plataformas de tierra, mar y ciberespacio, dan trabajo a 21.090 personas en Euskadi. Según el último informe de TEDAE, la asociación nacional de empresas de defensa, su aportación económica alcanzó en 2023 los 2.192 millones de euros, lo que equivale al 14,3% del valor añadido industrial de la comunidad, consolidando así su peso como motor tecnológico y productivo de primer orden.

El aumento de la inversión en defensa hasta el 2% del PIB -y que en la reunión de la OTAN del próximo junio podría ser revisado al alza- refuerza la idea de que estas empresas cada vez tendrán más presencia. Desde TEDAE califican la decisión tomada por el consejo de ministros como «un avance decisivo» que sitúa «a España en la senda de una autonomía estratégica más sólida y resiliente». No obstante, la asociación apunta que este impulso «debe consolidarse con una planificación estable y sostenida» que aporte a las empresas una base sólida «para desarrollar todo su potencial».

La cuestión es que el plan presentado el jueves por el presidente Sánchez incluye una batería de inversiones que se traducirán en inyecciones directas al tejido empresarial. El Gobierno ha reservado 3.620 millones para dotar a España de un «escudo digital» para tratar de evitar los más de mil ciberataques que cada año sufren empresas e infraestructuras críticas. Esta línea de actuación abre una vía directa de oportunidad para compañías vascas como Satlantis, especializada en tecnologías de observación y monitorización avanzadas a través del espacio, con aplicaciones tanto en el ámbito medioambiental como en el de la seguridad estratégica.

El CEO de esta compañía, Juan Tomás Hernani, subraya que Satlantis opera en uno de los campos donde el enfoque dual -tecnología con usos tanto civiles como militares- resulta más evidente y aplaude el cambio de política del Gobierno Sánchez, con quien se reunió hace dos semanas. Las previsiones de la empresa apuntan a un crecimiento del 80% este año, hasta alcanzar los 48 millones. Un avance que permitirá acelerar el desarrollo de nuevos proyectos tecnológicos con satélites con más resolución y que aseguren una alta frecuencia en todo el territorio.

A este «viento de cola» favorable para la ciberseguridad y el sector aeroespacial se le suma también el empuje de la industria armamentística, que se verá reforzada por los 1.962 millones de euros que el Gobierno central destinará a la adquisición de «material de defensa y disuasión». Es decir, inversiones en armamento tradicional para operaciones militares.

El plan presentado por el Gobierno central contempla una inversión adicional de cien millones para impulsar el programa FCAS, destinado al desarrollo de cazas de última generación, en el que ITP Aero actúa como coordinador industrial en el ámbito de los motores. Esta compañía aeronáutica, que cerró 2024 con unas ventas récord de 1.612 millones, es la joya de la corona del sector vasco y una de las principales receptoras potenciales de fondos públicos en este ámbito. El presidente Sánchez, en una visita el pasado febrero, la definió como «una garantía para la defensa y economía de Euskadi y de España». La empresa considera, de hecho, que tras años de presupuestos ajustados, el aumento de inversiones permitirá renovar plataformas que se acercan al final su vida útil.

Sener, otra de las compañías clave, incrementó su facturación un 43% en 2023, hasta los 524 millones de euros, impulsado por el aumento de encargos del Gobierno central. Su director de defensa, Rafael Orbe, destaca que este impulso -«un tren que pasa ahora y no sabemos cuándo volverá»- permitirá «modernizar sistemas cifrados, desarrollar nuevos satélites, y ampliar capacidades en ciberseguridad, inteligencia artificial y computación cuántica». Para responder a la nueva demanda, la firma ampliará en menos de dos años 18.000 metros cuadrados sus instalaciones, con Zamudio como eje central.

Aunque otras empresas vascas como Sapa Placencia, Tecnalia o Aernnova también podrían verse beneficiadas del plan de inversión en defensa, la realidad es que será Indra -compañía con sede en Madrid en la que el Estado mantiene una participación del 28% a través de la SEPI y propietaria del 9,5% de ITP- quien ejercerá el papel de actor principal. La apuesta del Ejecutivo pasa por reforzar su posición como gran integrador nacional de sistemas, con el objetivo de que pueda competir en igualdad de condiciones en los grandes consorcios europeos del sector. Esta decisión refuerza el liderazgo de Indra, que ha confirmado esta semana negociaciones para la integración de Escribano, y marca una hoja de ruta en la que las empresas vascas encontrarán su espacio como proveedores o socios tecnológicos.