Las haciendas forales recuperaron 616 millones el pasado año procedentes del fraude fiscal

Esos 616 millones de euros son fruto de un buen número de actuaciones, muchas de las cuales ni siquiera pasan por los servicios de Inspección. El mero cruce informático de datos cuando contribuyentes y empresas presentan sus declaraciones de impuestos ya permite detectar diferencias de decenas de millones de euros. En este sentido, las haciendas forales no se andan con diplomacias o medias tintas y no distinguen entre lo que pueden ser errores de los contribuyentes o discrepancias de interpretación jurídica. Toda diferencia la califican como fraude, al tiempo que los 616 millones recogen no solo los 397 en cuotas no declaradas, entre otros conceptos, sino también 11,8 millones de intereses de demora; 24,1 de recargos e incluso 64 millones que son producto de discrepancias «entre administraciones».

El informe sobre la lucha contra el fraude en 2023 en Euskadi fue enviado hace unos días al Parlamento vasco. En él se concreta que el pasado año se remitieron a la Fiscalía un total de diez expedientes. Son actuaciones contra contribuyentes -personas o empresas- que presuntamente han defraudado más de 120.000 euros en un único ejercicio. Esa decena de expedientes encierra una deuda tributaria total de 53,4 millones de euros. En este capítulo sí que se ha registrado un descenso considerable, ya que en 2022 fueron 20 los expedientes remitidos a la Fiscalía.

También en el ámbito penal el trabajo apunta que el pasado año alcanzó firmeza una sentencia por delito fiscal, con una deuda tributaria de 430.858 euros. Además se abordó la ejecución de cuatro sentencias del ejercicio anterior, que reportaron 1,9 millones de ingreso.

Entre las actuaciones se recoge la detección de 50 millones de deuda tributaria generada por facturas falsas; 27 millones de la inspección a grandes grupos empresariales y 48 millones en el análisis detallado de 1.715 contribuyentes. En este último apartado fueron seleccionados al detectar que los ingresos que declaraban eran «anormalmente bajos» en comparación con su sector de actividad. Por otra parte se han contabilizado 18,5 millones procedentes de contribuyentes a los que se reclamó la declaración de IRPF -no la habían presentado 12.774 personas- y otros dos millones derivados de «incongruencias», es decir, diferencias significativas entre las declaraciones de ingresos de los contribuyentes y sus cobros a través de tarjetas de crédito.

Por otra parte el informe indica que el pasado año las haciendas forales procesaron datos de 1.541 alojamientos turísticos. La mayor parte, un total de 1.245, son viviendas de uso turístico. Este sector de actividad se ha convertido en uno de los focos de vigilancia especial del 'fisco'. Hay sospechas de que una parte importante de la actividad económica que se mueve en esos negocios se materializa en 'dinero B', sin declaraciones de ingresos.

Pese a que esos 616 millones recuperados son una cantidad estimable, la cifra puede estar bastante lejos del fraude real. Un estudio encargado por el Gobierno vasco en 2016, elaborado por varios catedráticos de la UPV, cuantificó en 2.320 millones el dinero que las haciendas vascas dejaban de ingresar cada año por la economía sumergida.