La Hacienda de Bizkaia se lanza a controlar los ingresos de las viviendas turísticas

La sospecha es sencilla. Hacienda intuye que hay propietarios de viviendas que las alquilan en régimen turístico -estancias por días-, situadas en Bizkaia, en Euskadi, en el resto de España e incluso en el extranjero, con un flujo económico que escapa al control fiscal. Esto es, que los propietarios no declaran la renta que obtienen por los ingresos de esa actividad. Una situación muy similar a la que existía hace algún tiempo con el alquiler de viviendas, actividad en la que se redujo de forma radical el fraude al conceder ventajas fiscales que 'animaban' a incluir los datos en las declaraciones de los propietarios pero sobre todo de los inquilinos.

Berrojalbiz ha concretado que el cruce de información será el primer arma a utilizar para detectar potenciales bolsas de fraude en esta actividad. Tampoco es nuevo; es una estrategia ya vieja que ha dado magníficos frutos en la lucha contra el fraude porque Hacienda cada vez tiene más información -se han elevado las obligaciones de todos los operadores económicos- y los ordenadores son capaces de hacer un trabajo rápido y pulcro a partir de un número de DNI.

En este caso, el fisco vizcaíno va a cruzar dos fuentes de información. Una es la declaración que presentan ya todos lo intermediarios que actúan en este mercado de las viviendas turísticas -Booking, Airbnb, inmobiliarias, etc-, en la que revelan a Hacienda qué viviendas han colocado en el mercado, quién es su propietario y cuantos ingresos ha generado su alquiler. La segunda fuente de información para el cruce serán las declaraciones de impuestos de esos propietarios, para verificar que efectivamente han declarado como ingresos todo lo que han recibido por sus viviendas turísticas. Berrojalbiz ha aclarado que la Hacienda de Bizkaia cuenta ya con los datos de los intermediarios y no solo los que han presentado ante las autoridades vizcaínas sino también en la Agencia Tributaria del Estado e incluso en otros países.

El resto del plan de lucha contra el fraude para 2024, al menos en su formulación oficial, incide en las mismos elementos que los que se han hecho públicos en los últimos años y que tienden a ser en exceso generalistas. Una estrategia con la que probablemente se pretende evitar el enfado de sectores concretos de actividad -médicos con actividad privada, dentistas, abogados o profesionales de las reparaciones de hogar-, que sí figuraron en los planes de inspección tiempo atrás.

Berrojalbiz ha señalado que van a analizar también con mimo la situación de deudores con Hacienda que se hayan declarado insolventes pero que sin embargo estén en posesión de tarjetas de crédito, así como sus hipotéticas propiedades fuera de Bizkaia.

La diputada ha señalado que una pieza fundamental en al lucha contra el fraude este año es la implantación progresiva de Batuz, el plan que amplía las obligaciones de información de empresas y autónomos así como el TicketBai, la factura con registro digital. Desde el pasado 1 de enero ya es obligatoria su aplicación para grandes empresas y en la actualidad entre obligados y voluntarios -había un atractivo incentivo fiscal para favorecer la adhesión a estas prácticas de control- ya hay 30.000 empresas y autónomos utilizando este sistema tecnológico de 'transparencia' ante Hacienda. En los próximos semestres la obligatoriedad se extenderá a todas las actividades -el comercio entrará en liza en el verano de 2025- hasta su aplicación total obligada el 1 de enero de 2026.

Berrojalbiz ha apuntado que en Bizkaia no hay reclamaciones judiciales contra el TicketBai como si existen en Gipuzkoa, donde se han registrado ya dos demandas contra Hacienda. En estos casos, los contribuyentes consideran que las diputaciones han impuesto unas obligaciones -el contenido de las facturas- sobre las que no tienen competencias, a parte de argumentar que el sistema es inconstitucional porque rompe la unidad de mercado con el resto del territorio español. Y ello a pesar de que el Gobierno central ya ha comenzado a trabajar sobre un modelo de facturación que es una copia literal de lo que las diputaciones vascas diseñaron hace ya varios años y ahora han puesto en práctica. La Diputada de Hacienda ha defendido que la aplicación de este sistema «es completamente legal» y entra dentro de las competencias reconocidas por el Concierto Económico.

Por otra parte, la Hacienda vizcaína ha actualizado los datos de reclamaciones de pensionistas que estaban en activo antes de 1979, contribuyeron durante años a las antiguas mutualidades profesionales y ahora tienen derecho a aplicar una deducción sobre los ingresos que les proporciona la Seguridad Social. Así, mientras que a mediados de mes la Hacienda de Bizkaia había recibido 25.000 solicitudes, la cifra ha escalado ya a los 33.000 y todo apunta a que va a seguir creciendo.

Los pensionistas que encajan con ese perfil tienen derecho a recuperar una parte del IRPF pagado en los cuatro últimos ejercicios. Itxaso Berrojalbiz ha señalado que la Hacienda vizcaína ha decidido facilitar al máximo el procedimiento de reclamación, de ahí que solo pide a los interesados que se identifiquen. A partir de ahí son los propios servicios de Hacienda los que obtienen la información correspondiente a la Seguridad Social y a las mutualidades para resolver cada caso y proceder a la devolución de las cantidades. La diputado no ha querido cuantificar el roto que estas reclamaciones van a generar en la caja de la Hacienda foral -estimaciones no oficiales apuntan a que va a superar los 20 millones de euros-, pero sí ha aclarado que «hasta ahora se han aprobado el 99% de las reclamaciones que han sido ya revisadas».