¿Qué hacemos con los impuestos?

Que esta pandemia es un ejemplo de cisne negro es muy conocido, pero lo que no es tanto es que la definición de Taleb dice algo más y es que una vez pasado el hecho, se tiende a racionalizar haciendo que parezca predecible. Es esta segunda parte de la definición la que interesa más en este momento: las trampas de la mente en situaciones dramáticas. Las ilusiones han sido muy estudiadas en economía; el Nobel Daniel Kahneman explicó esta falsa percepción cognitiva que llamó sesgo retrospectivo. Nuestra cabeza -impactada por algo que ha generado mucha atención- nos hace creer que lo sabíamos desde el principio, que era «obvio» y de «sentido común». Este estudio tiene muchos siglos detrás y Aristóteles, en su manual contra los sofistas, abundó en lo que él identificaba como falacias. Una falacia no es otra cosa que un raciocinio errado que intenta pasar como verdadero. Un ardid basado en argumentos supuestamente «obvios» o de «sentido común» para convencer a la audiencia.

Ahora, en pleno inventario de daños de nuestra economía, aparece como milagrosa solución una falacia aristotélica que encajaría en la conocida como falso dilema. 'Hay que subir los impuestos, de lo contrario el país se hundirá'. Los partidarios de aumentar la presión fiscal ocultan que no hemos dejado de hacerlo; si seguimos comparando indicadores con la anterior crisis, el IVA ha pasado del 16% al 21%; se ha recuperado el Impuesto del Patrimonio y el tipo máximo del IRPF en territorio común ha pasado del 43% al 49%. Repiten sin parar que hay que ser solidarios, como si hasta ahora no lo hubiéramos sido. Además, usan otro dilema, a saber: como estamos muy endeudados, o subimos los impuestos o no podremos mantener el Estado del Bienestar.

Pero no deja de ser un sofisma, porque se pueden obtener más recursos sin subir los impuestos o incluso bajándolos si aumenta la actividad económica. Olvidan conscientemente que, subiendo los impuestos, se lesiona al muy dañado tejido productivo que verá imposible su recuperación y se multiplicarán los cierres patronales y despidos. También antes de tomar decisiones tan arriesgadas debería racionalizarse el ingente gasto público y hacer más eficiente la recaudación.

La solución fácil y demagógica es exigir que paguen más las empresas (que nunca han estado peor que ahora) y exprimir más a los cada vez menos trabajadores (no está de más recordar el último informe de la AIReF que sitúa en solo uno de cada tres españoles los que no viven de lo público). Pero lo difícil y valiente sería recortar gastos superfluos, luchar contra el fraude, eliminar duplicidades e implantar la evaluación de hasta el último euro del erario. Nuestros vecinos europeos parece que leen más a Aristóteles que nosotros y Francia, Alemania y Reino Unido no han caído en la trampa mental y sus planes de reconstrucción que vamos conociendo incluyen lo contrario que por aquí, un atractivo marco fiscal para los creadores de riqueza que son las empresas.

En la CAPV se necesitan recursos en el corto plazo para hacer frente al coste del Covid. En el medio plazo es necesaria una reforma fiscal que mejore la eficiencia, la equidad y la capacidad recaudatoria del sistema. Estas necesidades exigen una subida temporal de tipos en el corto plazo y una reforma fiscal estructural en el medio plazo.

En el corto plazo la CAPV tiene diversas fuentes de ingresos, incluyendo un endeudamiento que debe llevarse tan lejos como sea posible. Sin embargo, para mantener el Estado del Bienestar se necesita un aumento de impuestos que, por urgencia, debería realizarse mediante un recargo temporal en el IRPF y en Sociedades. La cuantía dependerá de si el Gobierno central sube el IVA y los especiales, ya que esto aumentaría la recaudación de la CAPV. Ciertamente hay quien dice que no es conveniente subir impuestos. Sin embargo, para expandir la economía subir los impuestos es una alternativa superior a bajar los gastos. Lo que es esencial es que la crisis no se aproveche por cazadores de incentivos para lograr rebajas fiscales y que se trufen aún más los impuestos con beneficios para empresas, emprendedores, inversores, rentas altas y rentas del capital. Esos incentivos son inequitativos, caros en relación a su escasa efectividad y solo ganan quienes reducen su factura fiscal.

En el medio plazo, para mantener y mejorar el Estado del Bienestar se debe realizar una reforma fiscal esencial. Algo asumible porque la CAPV tiene una presión fiscal por impuestos concertados un 7% inferior a la del Estado y un 20% inferior al promedio de la Eurozona. En el IRPF la reforma pasa por cambiar la estructura del impuesto, modificar la tributación de los rendimientos del capital, eliminar deducciones y bonificaciones de dudosa justificación, y cerrar y penalizar vías de elusión. En Sociedades se debe eliminar la plétora de bonificaciones ineficientes que hay, hacer que los rendimientos del capital tributen más, instar al Estado a endurecer la consolidación fiscal y establecer el tipo mínimo en función del resultado contable. Se debe reforzar el impuesto sobre el Patrimonio, crear impuestos medioambientales e instar al Estado a eliminar bonificaciones en el IVA. Se deberían explorar, también, vías no fiscales para aumentar los ingresos.

Habrá quien argumente (especialmente quien vea subir sus impuestos) que estas reformas penalizan el crecimiento. No es verdad. Ciertamente, en una economía digitalizada y globalizada hay riesgos fiscales. Pero la respuesta no es la desfiscalización. Es la fiscalización inteligente con controles adecuados. Por otro lado es falso que, dentro de unos amplios márgenes, los impuestos ralenticen la actividad económica de forma significativa. Y es una sandez sin base empírica afirmar que bajar los tipos subirá la recaudación.

Un aumento fiscal no puede ser una medida aislada. Para que los ciudadanos lo acepten deben saber que su dinero se gasta de forma adecuada y que todo el mundo paga los impuestos. Lo primero implica una racionalización del gasto (incluyendo reformar la función pública) y mayor transparencia. Un clic debería bastar para saber desde quién ha ganado un concurso público hasta quién ha sido nombrado asesor y por qué. La segunda condición implica que, además de tener una fiscalidad justa, debe darse prioridad a la lucha contra el fraude, cuyos resultados deben medirse y evaluarse anualmente en el Parlamento vasco.