Las grandes empresas deberán hacer públicos los sueldos de hombres y mujeres

«Las auditorías deberían hacer más fácil analizar los aspectos de la remuneración relativos a la igualdad de género y alcanzar conclusiones sobre la aplicación del principio de igualdad de retribución», explica el documento enviado por el ministerio. Lo que quiere también el Ejecutivo es «establecer legalmente el derecho de información de los trabajadores», tal y como ha reconocido en el Congreso la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Por tanto, los profesionales «tendrán derecho a ser informados sobre niveles de remuneración, en particular sobre los componentes variables complementarios tales como pagos en especie o primas de otras categorías de trabajadores que realicen el mismo trabajo o un trabajo de igual valor, desglosado por género».

La cuestión es que estas medidas -que pasarían por cambiar la Ley de Igualdad y reformar el Estatuto de los Trabajadores, concretamente los artículos 26 y 28- afectarían solo a un 0,32% de las empresas españolas, pues España es un país de pymes. Así, de las más de 1,3 millones de compañías inscritas en la Seguridad Social el pasado 31 de diciembre de 2016, solo 4.251 tenían más de 250 trabajadores, el límite que ha fijado el Gobierno para realizar las auditorías. Bien es verdad que el abanico de trabajadores a los que afectaría se abre un poco más, pues las grandes empresas acaparan casi el 40% de los empleos. Concretamente, más de 4,9 millones de profesionales tendrían derecho a que el empresario les desglose su retribución por género, un 38% de los más de 12,8 millones de personas que hay trabajando en empresas. En definitiva, de llevarse a cabo estas medidas,tendrían efecto sobre cuatro de cada diez trabajadores.

Ésta es una de las críticas que hace UGT a este plan de igualdad, a su juicio «un gran avance» pero «insuficiente». Por eso, el sindicato liderado por Pepe Álvarez exigirá que esas auditorías salariales sean obligatorias para las compañías de 25 trabajadores o más, así como que tengan que registrar anualmente todas las retribuciones en un registro creado al efecto. De igual manera, pide extender a las empresas de más de 25 empleados la regulación de los planes de igualdad e incrementar las sanciones para las que no respeten la normativa.

Y si las críticas de los sindicatos al plan de igualdad se centran en gran medida en que el impacto sería menor del deseado, esto mismo se puede trasladar también a la reforma de la contratación que el Ejecutivo quiere hacer con el objetivo de reducir la elevada temporalidad. Así, en opinión de Comisiones Obreras y UGT, reduciendo los contratos de cuatro a tres y creando uno nuevo de indemnización creciente, no se atajaría este problema. «Si la naturaleza del empleo es temporal, carece de sentido que tenga una indemnización creciente en el tiempo (los más desprotegidos son los de corta duración)», explican ambas organizaciones en un documento en relación al deseo del Gobierno de que el contrato temporal tenga una indemnización de 12 días a partir del primer año, de 16 días a partir del segundo y, en el tercer año, se iguale a los indefinidos en 20 días.

Por eso, los dos grandes sindicatos españoles quieren que los esfuerzos del Gobierno de Mariano Rajoy vayan encaminados a «clarificar mucho más» qué empleo es susceptible de utilización de un contrato temporal y penalizar con mayores sanciones y cotizaciones más altas los incumplimientos cuando se produzcan.