El Gobierno central ofrece más financiación para salvar la operación Talgo

Todo esto ocurre a falta de una semana para que termine el plazo que se habían dado el consorcio vasco liderado por el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y el principal accionista de Talgo, Trilantic, para ratificar el principio de acuerdo sellado el pasado febrero. El ánimo que pesaba sobre la situación era más bien pesimista por el atasco que había en la refinanciación bancaria de la deuda de Talgo por el impacto que generan los 116 millones de euros de la multa de Renfe. Una sanción originada por los retrasos en la entrega de 30 trenes Avril y que llevó a la compañía a pérdidas el pasado año.

El caso es que, como confirman fuentes conocedoras de los contactos a este periódico, desde el Gobierno central se ha planteado una solución que pasa por aumentar la financiación que ofrece ala compañía. Dada la imposibilidad de anular la sanción, como ha señalado la Abogacía del Estado, se trabaja en esta alternativa que se añadiría a las líneas financieras que estaban previstas con el ICO y CESCE (Agencia Española de Crédito a la Exportación). Las mismas fuentes confirman que el planteamiento abre una nueva vía mucho más optimista, pero aseguran que todavía es necesario concretar la fórmula y plantearla en documentos que vinculen legalmente.

Con este acuerdo, el grupo que lidera Jainaga, y en el que están Gobierno vasco y las fundaciones BBK y Vital, podrán resolver definitivamente la compra del 29,7% preacordada con Trilantic el pasado 14 de febrero por 153 millones que, en función de los condicionantes, podrían elevarse hasta 184. El calendario no da más margen, la fecha límite es el 15 de mayo y, aunque podría estirarse, el industrial vasco tampoco quiere prolongar la situación más allá de la última semana de este mes y solamente si de verdad hay una posibilidad real de acuerdo.

Mientras tanto la situación de Talgo sigue agravándose hasta el punto de poner en riesgo su continuidad empresarial. Así lo señaló su presidente, Carlos de Palacio, cuando solicitó una «rápida solución» para acabar con un bloqueo que «puede acabar la historia de una empresa industrial», Un mensaje alarmante que remitió por carta al presidente de Renfe para pedirle un ajuste de la multa y la posibilidad de revisar los términos del contrato de los trenes Avril para recoger los aumentos de costes que se dieron tras la pandemia. Una medida que el operador público si concedió a otros fabricantes como Alstom, Stadler o Caf, pero que negó a Talgo por considerar que la alta velocidad no era un servicio público.

Y es que en este tiempo, que se acerca a los dos años, en el que está pendiente la definición del control de la empresa, la situación se ha ido deteriorando. La parálisis ha llevado a cancelar trabajos de proveedores que estaban previstos con entregas para este mes y engorda una deuda de 405 millones, ampliada por las líneas de crédito. Encargos clave, como los trenes para Deutsche Bahn por mil millones, no se van a poder ejecutar y la compañía negocia con el operador germano una salida.