El Gobierno vasco insiste en que la iniciativa popular sobre un SMI propio carece de encaje legal y apela al diálogo social

Aunque el criterio negativo emitido por el Gobierno vasco –adelantado ayer por la edición digital de EL CORREO– no impide que la ILP sea debatida en el Parlamento vasco, lo cierto es que los grupos que forman Ejecutivo –PNV y PSE-EE– disponen de mayoría suficiente para bloquear su toma en consideración. El vicelehendakari Torres ha insistido en que «la mejor fórmula» para alcanzar acuerdos en materia salarial es la negociación colectiva y ha recalcado que la creación de un SMI propio «no puede impulsarse únicamente mediante una ILP, sino que exige un amplio proceso de concertación social y política».

El Gobierno vasco devuelve así la pelota al tejado de ELA, LAB y la patronal, en un contexto de fuerte tensión. Las centrales nacionalistas acusan a Confebask de bloquear de forma sistemática cualquier intento de acuerdo sobre un salario mínimo vasco. La patronal, por su parte, sostiene que no se dan las condiciones para abordar una medida de tal calado sin tratar previamente cuestiones como el absentismo laboral, una exigencia que los sindicatos rechazan frontalmente. Ante ese bloqueo, han registrado una solicitud de conciliación para forzar a Confebask a acudir a la mesa, con el primer acto previsto para mañana. Es el primer paso para poder demandar a la patronal por negarse a negociar, en el marco de un conflicto colectivo que podría escalar en los próximos meses. Si no hay avances, advierten ELA y LAB, el escenario será el de «un otoño caliente».

El Gobierno vasco lo fía todo a la vía de la negociación colectiva –pese a sus escasas posibilidades de prosperar en el actual contexto de bloqueo– y recurre al argumento jurídico de que la propuesta sindical debería formularse como una ley orgánica, al incidir en el reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas en materia laboral. Una interpretación que ELA rebate de forma tajante, al sostener que los propios servicios jurídicos del Parlamento vasco han avalado la ILP como jurídicamente válida y adecuada para su tramitación.

El vicelehendakari Torres ha advertido del riesgo que, a su juicio, supondría para la unidad de mercado la posibilidad de que Euskadi fijara un salario mínimo propio. Abrir la puerta a esta opción mediante una modificación legislativa podría derivar en un sistema fragmentado, en el que cada comunidad autónoma adaptara el SMI a su realidad socioeconómica, con el consiguiente riesgo en algunos territorios esta cantidad baje. Este argumento coincide con la posición del Gobierno central y también con la defendida por UGT. Su secretario general, Pepe Álvarez, afirmó hace un mes en una entrevista en EL CORREO que un salario mínimo territorializado sería una estrategia funcional para los intereses de la patronal, al facilitar dinámicas de competencia a la baja en comunidades con menor capacidad de presión sindical.

Pese a que el criterio expresado por el Gobierno vasco fue adoptado de forma conjunta por PNV y PSE-EE, los jeltzales quisieron ayer marcar perfil propio. En una nota difundida por su ejecutiva, el Euzkadi buru batzar advirtió que la vía planteada por los sindicatos nacionalistas deja el SMI propio «bajo la supervisión del Estado y al albur de la voluntad de las Cortes españolas». En un contexto de pugna abierta con EH Bildu por la hegemonía del nacionalismo vasco, Sabin Etxea aprovechó para reivindicar la necesidad de que Euskadi cuente con herramientas plenas y no delegadas en materia socio-laboral. Una aspiración que, en todo caso, solo podría abordar en el marco de un nuevo Estatuto que los partidos que los partidos negocian a fuego lento.

Este posicionamiento del PNV, sin embargo, no le ha servido para evitar las críticas de la oposición ni de unos sindicatos decididos a convertir el salario mínimo vasco en uno de los principales focos de confrontación política del curso. El portavoz de EH Bildu en el Parlamento vasco, Pello Otxandiano, ha acusado a Sabin Etxea de «reforzar la capacidad de veto de Confebask» al no reconocer la legitimidad democrática de una ILP respaldada socialmente. La coalición soberanista insiste en que esta herramienta constituye una vía legítima para abordar problemas estructurales como la precariedad laboral o la emergencia habitacional.

ELA y LAB, por su parte, han endurecido el tono, no tanto contra el Gobierno vasco, sino contra el PNV, al que acusan de anteponer su papel institucional a su perfil soberanista. La central liderada por Mitxel Lakuntza ha calificado de «fraude» el argumento esgrimido por los jeltzales, advirtiendo de que «tras 50 años de incumplimientos del Estatuto, fiar la competencia a un futuro estatus negociado carece de credibilidad». LAB, por su parte, sostiene que «limitar este debate a la negociación colectiva es condenar a la clase trabajadora al salario mínimo estatal».