El Gobierno vasco gastó el pasado año 473 millones menos de lo que había presupuestado

Pedro Azpiazu./
Pedro Azpiazu.

2018 fue un ejercicio excepcional en los ingresos y permitió al Ejecutivo renunciar a 274 millones de endeudamiento

Manu Alvarez
MANU ALVAREZ

La diferencia entre lo que se presupuesta en la Administración pública y lo que sucede al finalizar el ejercicio es una constante. Sucede todos los años y rara vez encaja. Es lo que tradicionalmente se conoce en la jerga técnica como 'inejecuciones' -planes y proyectos que estaban previstos y que no se realizan debido a un amplio catálogo de razones- y que dejan un remanente de dinero. En 2018, el Gobierno vasco dejó en el cajón 473 millones de euros que había presupuestado gastar y que no llegaron a ese punto. Una cifra que supone el 4,01% sobre los 11.791 millones a que ascendía la totalidad del Presupuesto de gastos. Así figura en el informe de liquidación del pasado ejercicio, que el Departamento de Hacienda encabezado por Pedro Azpiazu acaba de mandar al Parlamento.

Una parte significativa de esta desviación entre presupuesto y realidad hay que adjudicarla -sucede todos los años y de forma invariable- a la construcción de la 'Y'. El Gobierno vasco ejecuta las obras de una parte importante del trazado -el que discurre en Bizkaia y Gipuzkoa- por delegación de la Administración central, y la tendencia ha sido habitualmente la de tirar por alto en el presupuesto. El Ejecutivo de Vitoria, sin embargo, siempre se ha quejado de que esta desviación está ligada a las dificultades burocráticas que existen con muchas adjudicaciones, que necesitan el visado previo de Adif, el ente que depende del Gobierno central y que es responsable de la red ferroviaria. Así, el pasado año se había presupuestado dedicar un total de 161 millones de euros a la línea vasca de alta velocidad y la consejería de Desarrollo Económico e Infraestructuras no llegó ni a la mitad de esa cifra. La inversión en este proyecto apenas alcanzó los 74 millones de euros.

Esta misma razón es la que lleva al departamento que lidera la consejera Arantxa Tapia a ser el que peores cifras de ejecución presenta. De cada 100 euros presupuestados, 17,85 se quedaron en el camino. Otra parte sustancial de sus competencias, ligadas con programas en el área rural, también han sufrido desviaciones notables. Incluso, se han quedado en el cajón cantidades importantes destinadas a apoyo a emprendedores y, también, a internacionalización.

Empleo y Políticas sociales es el segundo departamento en el ranking de 'incumplidores', al acumular una desviación de 112 millones, que supone el 11,02% de sus partidas. El grueso de esa cifra se corresponde con transferencias que no se han realizado a Lanbide, debido a que el presupuesto asignado a partidas como la RGI, prestaciones complementarias de vivienda y bonificiones a las cotizaciones de la Seguridad Social, había resultado excesivo.

En términos comparativos, 2018 fue algo mejor que el ejercicio precedente, aunque todo es relativo. Las 'inejecuciones' alcanzaron entonces la cifra total de 555 millones de euros, pero también es cierto que el impacto de las desviaciones de la 'Y' fue mayor. Sólo las inversiones en el trazado ferroviario contabilizaron casi la mitad de ese desajuste, hasta situarse en 244 millones.

En la vertiente de los ingresos, 2018 fue un año excepcional, debido a la buena recaudación de impuestos, que creció el 3,5%. Con ello, el Gobierno pudo renunciar a emitir deuda pública por importe de 274 millones de euros e incluso cerró el año con un superávit cercano a los 70 millones. Hasta la Ertzaina puso más multas de lo previsto, ya que frente a los 25,45 millones presupuestados, el ingreso ascendió a 29,3.

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