El Gobierno vasco busca una nueva presidenta para la Autoridad de Competencia

Gordillo ha recordado que en la actualidad son dos de los tres cargos los que se encuentran ya vencidos y demandó un nombramiento «lo antes posible» dada la importancia de los mismos, y de cara enviar «un mensaje tranquilizador a la sociedad y a los operadores económicos». Así mismo, ha animado al consejero a que acuda a la comisión con los candidatos que estima proponer para que puedan comparecer y dar mérito, porque «añade mucha transparencia».

Además de Urresola, la vocal del consejo, Enara Venturini, también ha agotado su plazo en el cargo. El tercer miembro, que sigue vigente, es Rafael Iturriaga. Azpiazu ha aprovechado su intervención para recordar que la disposición adicional de la Autoridad Vasca de la Competencia establece que «el presidente, una vez expirado el plazo de mandato, habrá de seguir en el ejercicio de sus funciones hasta el nombramiento de las personas sustitutas», y ha enviado un mensaje tranquilizador asegurando que la persona sucesora «ejercerá sus funciones con objetividad, sometimiento al ordenamiento jurídico y plena independencia».

Precisamente la 'independencia' del cargo ha motivado un rifi-rafe entre ambos intervinientes, después de que Gordillo señalara que el mandato de estas autoridades acostumbra a ser más largo que el de la legislatura de gobierno. «Tienen que ser personas que provengan de puestos o profesiones a las que hayan llegado sin que nadie las haya colocado allí y que tengan donde volver. Y ya que estamos, no tienen que ser afines al PNV. Pueden provenir de otros lares», ha incidido antes de proponerse a ofrecer candidatos de haber problemas para encontrarlos. Azpiazu ha lamentado la insinuación de que las propuestas de su interlocutor garanticen la independencia mientras que las suyas fueran vistas como «dependientes» del partido.

En los últimos tiempos la Autoridad Vasca de la Competencia ha estado bajo el foco por la apertura de un expediente sancionador a las empresas de transporte escolar tras la denuncia del departamento de Educación y por un enfrentamiento con la vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, que exigió la retirada de una guía laboral elaborada por el organismo tras calificar su contenido de alineado con la patronal.