Gobierno vasco, BBK y Vital respaldan a Jainaga en la operación Talgo a pesar de la imputación

En esas circunstancias, los actores que acompañan al industrial para comprar el 29,7% de Talgo –Gobierno vasco y las fundaciones BBK y Vital– confirmaron ayer su apoyo sin fisuras. Así lo confirmó EL CORREO con los diferentes portavoces de quienes protagonizaron la foto del pasado 14 de febrero. Fue cuando se alcanzó el preacuerdo con el fondo inversor Trilantic para adquirir ese 29,7% de las acciones y lograr el control de la empresa para dejar el proyecto industrial en manos del presidente de Sidenor.

La operación supone un desembolso de 155 millones que podrían elevarse hasta 172 en función de la marcha de la compañía en el futuro. Ese dinero se aportará a razón de 45 millones por parte del presidente de Sidenor, la misma cantidad que desembolsará tanto el Gobierno vasco como la BBK. La alavesa Vital, por su parte, sumará 20 millones.

El respaldo político, uno de los mayores activos de Jainaga en la operación, trata de fijar así una separación del proceso que llevará al industrial a declarar el 12 de noviembre ante el juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge. La imputación al empresario y a dos de sus directivos por contrabando y participación por complicidad en delitos de lesa humanidad o genocidio por la venta de acero a Israel para la fabricación de armas es una cosa que se aclarará, explican fuentes del consorcio, y no afectará a esos 110 millones que aportan el Ejecutivo y las fundaciones bancarias. La operación, explican, sigue manteniendo toda lo lógica y valor estratégico industrial.

La línea ya la fijó la vicelehendakari primera y consejera de Cultura, Ibone Bengoetxea, al señalar ayer que «la operación sigue su curso» tras recordar que el Ejecutivo «respeta» la investigación de la Audiencia Nacional, pero «no se guía por titulares y por informaciones sobre las que no tiene más datos». Este martes, la portavoz del Gobierno, María Ubarretxena, reforzará el mensaje en su comparecencia tras el Consejo de Gobierno.

Ratificación de la banca

Mientras tanto, fuentes financieras confirmaron ayer a este periódico que el proceso judicial tampoco ha afectado a la financiación de Talgo. Es más, los bancos cerraron el viernes pasado el esquema para refinanciar la deuda de más de 460 millones del fabricante. Una solución que integra la inyección de 150 millones que aportan a partes iguales la Sepi y el fondo vasco público-privado, Ekarpen, tras el acuerdo alcanzado este verano. Por lo tanto, la posición del 'pool' bancario, compuesto por una veintena de entidades, no varía.

Así las cosas, la operación está pendiente de la convocatoria de una junta de accionistas extraordinaria que debe autorizar esos préstamos, ya que suponen la adquisición de acciones de Talgo. Esa cita se espera en un margen de no más de 40 días y evidencia un acelerón del proceso para blindarlo de nuevas interferencias. Resuelto el trámite de la junta, sólo quedará formalizar el preacuerdo del pasado 14 de febrero con la compra del 29,7% de las acciones de Talgo por parte del consorcio vasco.

Mientras tanto, sigue el análisis sobre las certificaciones del acero enviado a Israel por Sidenor. LaAudiencia Nacional señala que no se informó al Gobierno sobre esos envíos como establece la ley, lo que, según el juez, convierte la exportación en «contrabando».

Imputado el director corporativo de Sidenor

Uno de los directivos de Sidenor encausados en la Audiencia Nacional junto al presidente de la compañía por la venta de acero a una empresa de armamento israelí es el director corporativo. Se trata de Marco Pineda, un hombre de confianza de José Antonio Jainaga y que, además, ocupa un puesto en el consejo de administración Kutxabank.

Su situación como imputado no requiere ningún movimiento en el órgano de gobierno del banco, ya que según establece el Banco Central Europeo (BCE) solamente se exigirían ese tipo de medidas en el caso de que haya sentencia o surjan más cuestiones en la celebración del juicio oral.