El Gobierno recorta 1.000 millones a las eléctricas y asume el riesgo de demandas

Se trata de la primera actuación del Gobierno en los conocidos como 'beneficios caídos del cielo', esto es, las ganancias que obtienen estas centrales sin necesidad de adaptar su funcionamiento para dejar de contaminar. Este recorte, que afecta fundamentalmente a Iberdrola y Endesa, «hay que hacerlo en un momento en el que los costes de generación no se han reducido tras la subida del CO2», indicó ayer la vicepresidenta cuarta y ministra par la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

La reacción de los mercados bursátiles sigue siendo tensa. Después de que el lunes las grandes compañías del sector cayeran en Bolsa de forma contundente, ayer volvieron a comportarse mucho peor que el resto del mercado. El Ibex-35 avanzó un 0,5%, mientras Endesa se dejó un 1,1%, Iberdrola cayó un 0,7% y Naturgy perdió un 0,4%. Entre los inversores, nacionales pero sobre todo extranjeros, se extiende el temor de que estos cambios bruscos abran la puerta a otra etapa de inestabilidad jurídica como la de la anterior crisis.

El importe servirá para reducir los costes regulados que se incluyen en la factura y que financian las primas a las renovables de la 'burbuja' de 2008. Serán unos 900 millones de euros que deberían detraerse del recibo cada año. Representa una reducción del 4% de la factura, unos 2,5 euros al mes. Los otros 100 millones irán a parar a las comunidades y ayuntamientos para que financien las ayudas a los colectivos 'en riesgo de exclusión social' a la hora de afrontar el recibo.

Esta medida se encontraba prevista dentro del pacto de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos para actuar sobre los 'beneficios caídos del cielo'. Una cuestión que siempre ha sido espinosa en la relación entre el Ejecutivo y las energéticas. Tal es la tensión que genera, que el propio Gobierno es consciente de que «pueden llegar demandas y actuaciones judiciales por parte del sector», admiten. La ministra Ribera se cuidó de aclarar ayer que «es importante que los inversores tengan en su horizonte todas las garantías» jurídicas.

La titular de Transición Ecológica señaló que las compañías «mantienen todas las vías abiertas para producir y vender electricidad en un momento de crecimiento de la electrificación en España». Además, recordó a esos inversores que «saben que tienen margen de comercialización importante en un sistema que es estable». En cualquier caso, admitió que esas demandas pueden llegar. Fuentes del sector consideran que supone una intervención en el mercado eléctrico que pone en riesgo el futuro del Plan de Energía y Clima; recuerdan que debe ser avalada por Bruselas, «donde no será simple justificar la penalización»; y pone en riesgo el calendario pactado del cierre de nucleares a 2035. Circunstancia esta última que Teresa Ribera negó.

El Consejo de Ministros también aprobó el Proyecto de Ley del Fondo de Sostenibilidad Energética, otra medida para reducir el coste de la factura. Se trata de un sistema para que las comercializadoras (eléctricas, gasistas e hidrocarburos) asuman una parte de los cargos que ahora se encuentran en la parte fija del recibo de la luz. Supondrá un recorte del 13% en la factura. Y junto a la reducción de los 'beneficios caídos del cielo', el recibo debería bajar un 14% en ese periodo, según el Ejecutivo. El problema es que el coste de ese nuevo fondo recaerá sobre todo en las firmas que venden hidrocarburos, gas y luz -por este orden-, con las críticas de buena parte de las petroleras.