El Gobierno central se plantea entrar en el capital de Talgo para reforzar la empresa

Cada día que pasa sin que se concrete la solución para Talgo, se complica el futuro de la empresa hasta el punto de comprometer su viabilidad. Esa fue la llamada de alerta que trasladó el propio presidente de la compañía, Carlos de Palacio, la semana pasada en su carta a Renfe pidiendo revisar las condiciones del contrato y las sanciones del operador público. La situación de la multa de 116 millones por los retrasos en la entrega de los 30 trenes Avril, entre otras cosas, bloquea la financiación bancaria en la que trabaja Talgo con un 'pool' de 23 bancos, además de llevar al fabricante a pérdidas de 107 millones en el pasado año.

La determinación del Gobierno central es sacar adelante una empresa a la que considera estratégica y sobre la que bloqueó los intentos internacionales por adquirirla de los húngaros de Magyar Vagon, primero, y de los polacos de Pesa y los indios de Jupiter Wagons, después. Es por ello que, según ha confirmado EL CORREO de fuentes conocedoras de las negociaciones, el Ejecutivo central trabaja en una hoja de ruta que pasa por una toma de participación en Talgo. Una inyección de capital en la empresa que reforzaría su delicada situación, pero que debería esperar a que se complete el acuerdo por el que el consorcio vasco que lidera el industrial José Antonio Jainaga culmine la toma de control en el fabricante de trenes adquiriendo el 29,7% de las acciones que están todavía en poder del fondo inversor Trilantic.

El presidente de Sidenor, el Gobierno vasco, BBK y Vital firmaron con Trilantic el pasado 14 de febrero un principio de acuerdo que debería rematarse en 15 días. Una propuesta por la que el consorcio pagaría hasta 183 millones -en principio Jainaga entra con 45 millones, al igual que el Gobierno vasco y la Fundación BBK, mientras que Vital pone 20- por el 29,7% de las acciones de Talgo. Pero la operación está en un callejón sin salida.

Los bancos trasladan al industrial vasco que no pueden sostener la refinanciación de una deuda de 405 millones con vencimientos en los próximos tres años de 318. Además, la fuerte cartera de pedidos -con más de 4.000 millones- exige una cantidad importante de líneas de crédito. Con la sanción de 116 millones las entidades no ven viable el esquema financiero de Talgo. Y mientras esta cerradura no se abra, se mantiene bloqueado el acuerdo definitivo para la salida de Trilantic y, por lo tanto, la entrada en el capital de la empresa del dinero público del Gobierno central.

El Ejecutivo central ha planteado también más de 100 millones de financiación a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y de la Agencia de Española de Crédito a la Exportación (CESCE). En los contactos entre Talgo, el Gobierno de España y el grupo vasco liderado por Jainaga se sigue buscando una solución. El consorcio, por su parte, ha aceptado empezar a pagar la multa en 2031 y en un plazo de siete años. Pero reclama poder revisar la cuantía. Lo que está en juego es la sostenibilidad financiera de Talgo porque sin esa garantía no hay operación de cambio de dueños.

Mientras tanto, la situación de la empresa sigue en un permanente 'stand by' que no ayuda a mejorar las cosas. Así, uno de los pedidos más importantes de Talgo, el de Deutsche Bahn -la Renfe alemana-, que asciende a 56 trenes y 1.400 millones está en el aire. Portavoces del operador germano han confirmado a este periódico que «aún no se han entregado los trenes» y que hay «retrasos» que han llevado Deutsche Bahn a trasladar la disposición de las primeras unidades del pedido a la segunda mitad de este año. Un plazo que sigue siendo complicado y que ha llevado a Talgo a negociar una disminución del contrato para poder suavizar el incumplimiento.

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