Gipuzkoa quiere rebajar la penalización a quienes oculten bienes dentro de la UE

La Diputación foral guipuzcoana justifica esta decisión -así lo hace en la exposición de motivos de la norma que proyecta aprobar- en base a una causa judicial que está en manos del Tribunal de Luxemburgo. Un pleito iniciado por la Comisión Europea, hace ya algún tiempo, por estimar que la regulación que existe en España sobre ocultación de bienes en el extranjero -las diputaciones forales vascas tienen la misma que el Estado en estos momentos- es excesivamente dura y no acorde al derecho comunitario. La sorpresa en este caso es que el Ejecutivo foral se apreste a modificar la legislación cuando no existe aún un pronunciamiento por parte de la Corte de la UE. Fuentes de la Diputación de Bizkaia han indicado que analizarán hipotéticos cambios cuando se conozcan las directrices de los tribunales, al tiempo que Álava apunta que «está en estudio» aunque no ha adoptado aún una decisión.

Los contribuyentes que tienen propiedades en el extranjero con un valor superior a los 50.000 euros están obligados a presentar una declaración anual -entre el 1 de enero y el 31 de marzo- con carácter informativo. Es obligatorio desde 2013 y fue el contrapeso ideado por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, después de aprobar la mal llamada 'amnistía fiscal', que permitió aflorar bienes ocultos en el extranjero en formato 'low cost'. Aquella medida fue duramente criticada por la oposición, al considerar que con ese tipo de fórmulas de gracia se estaba estimulando el fraude y suponía una clara discriminación para los contribuyentes que cumplen de forma rigurosa con Hacienda. El Ejecutivo permitió aflorar bienes ocultos en el extranjero mediante el pago de un gravamen único del 10%, pero no sobre el valor de esos activos sino sobre su rendimiento de los últimos cuatro años. Unos 30.000 contribuyentes utilizaron esa vía para aflorar patrimonios ocultos y la factura tributaria se situó en torno a un 3% del valor declarado. Un auténtico chollo en términos fiscales, que el Gobierno del PP justificó por la oportunidad de aflorar activos que a partir de ese momento contribuyesen a Hacienda.

Pero todo cambió a partir de ese momento, con un endurecimiento de la normativa fiscal. Así, un bien que haya permanecido oculto y por lo tanto no declarado se convierte en una ruina potencial para su propietario. De ser descubierto se ve obligado a abonar el IRPF y Patrimonio -o Sociedades en el caso de empresas- como si se tratase de un incremento de patrimonio obtenido en los últimos cuatro años, además de afrontar una cuantiosa multa. En un buen número de supuestos, el importe a abonar a Hacienda llega a superar el valor real del bien que se había ocultado. Una circunstancia que ha llevado a algunos defraudadores a mantenerse en la 'clandestinidad' fiscal.

La modificación que propone ahora la Diputación guipuzcoana permite que si esa ocultación se ha producido en algún país de la Unión Europea, exista una vía de escape para el defraudador. Bastaría con demostrar que el bien se poseía hace más de diez años -un activo inmobiliario o las acciones de una sociedad extranjera, por ejemplo- o bien que ha sido adquirido de forma más reciente, pero con el fruto de lo que se ocultó hace más de una década. Una nueva vía de 'escape' que el Ejecutivo foral cree que formará parte de las directrices que va a dictar el Tribunal de Luxemburgo.