Garamendi alerta del daño que puede hacer a Euskadi la política del Gobierno en el automóvil

El empresario vasco Antonio Garamendi en una reciente intervención pública como nuevo presidente de CEOE. /JOSÉ RAMÓN LADRA
El empresario vasco Antonio Garamendi en una reciente intervención pública como nuevo presidente de CEOE. / JOSÉ RAMÓN LADRA

El nuevo presidente de la CEOE recuerda que un 25% del PIB vasco depende de la actividad industrial en este sector

Manu Alvarez
MANU ALVAREZ

El nuevo presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, pidió ayer al Gobierno que actúe «con rigor y eficacia» para evitar que se causen daños a la economía nacional que sean irreparables. Así, por ejemplo, se refirió al impacto que ya se ha evidenciado en la industria vasca en relación con los anuncios de nuevos impuestos al diésel y también la crisis que se puede generar en el sector del automóvil de esta comunidad, tras el anuncio de prohibir la matriculación de vehículos con motor de combustión a partir de 2040. «Con las cosas de comer -señaló Garamendi- no se juega. Nos estamos jugando el empleo».

En torno a las incertidumbres creadas en el sector del automóvil, mostró su perplejidad porque «a un Gobierno se le ocurra de repente condenar a una tecnología. Nosotros entendemos que se pueda decir que en el año 2040 el CO2 no debe superar determinada cantidad, pero lo que no se puede hacer es condenarlo a muerte. Esto es, el gasóleo y la gasolina condenados a muerte. Y eso en un momento en que la tecnología del vehículo eléctrico aún no está disponible de una forma generalizada».

De forma progresiva

Garamendi, en una entrevista concedida a 'Radio Euskadi', llamó la atención sobre el efecto que todas estas políticas pueden tener en la economía vasca, en la que un 25% de su PIB depende del sector del automóvil. En esa línea recordó que la planta de producción de furgonetas y monovolúmenes de Mercedes Benz es «la principal empresa alavesa». También puso sobre el tapete el efecto demoledor que tendría para la Hacienda vasca una brusca desaparición del uso de combustibles, porque, dijo, «Petronor, CLH y Avia son los principales contribuyentes con sus impuestos». La cifra supera los 1.000 millones de euros anuales.

En su opinión, estimular el debate sobre el futuro de los combustibles es algo positivo, pero también reclamó que se haga con moderación. «Poner el tema encima de la mesa es responsable -dijo en la entrevista-, lo que no es responsable es hacer máximas y condenar a una tecnología. Vamos a ir a la descarbonización, el que no esté de acuerdo con eso que se retire, pero habrá que ir haciéndolo de la forma que la investigación, la innovación y el desarrollo nos vaya dejando hacer. Hagámoslo de forma inteligente porque nos estamos jugando el empleo», concluyó.

Ojo con el déficit

En torno a la propuesta de Presupuestos realizada por el Gobierno de Pedro Sánchez se mostró ligeramente crítico, al estimar que no debe descuidarse la vigilancia del déficit público y «no debemos pasarnos de frenada». El presidente de la patronal española recordó que la economía del país se comporta todavía mejor que la media europea, pero también advirtió de que la creación de empleo se va a moderar. «No se puede decir que nos va a ir horriblemente mal -apuntó- ni que nos tengamos que apretar mucho el cinturón, pero cuando se plantean aumentar los gastos en 6.000 millones de euros, con un incremento de ingresos inferior, entramos en el gran drama del déficit. Y -añadió- el problema es que tenemos un Estado con una deuda altísima, que alcanza prácticamente el 100% del PIB».

En la misma línea, recordó que existe un problema en ciernes con el previsible aumento de los tipos de interés porque «cada punto más supone añadir 1.000 millones de euros cada año» en el gasto del Estado. Por ello pidió al Gobierno que se esmere en mejorar la eficiencia del gasto público para «conseguir más gastando menos. Las empresas ya han hecho esa adaptación a lo largo de la crisis»

Por otra parte, Garamendi relató algunos aspectos de su última reunión con la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, en la que repasaron la situación de la negociación colectiva y los retos de futuro en el mercado laboral. Así, admitió que la patronal está de acuerdo en que «se realice una inspección a fondo» en el uso de las empresas multiservicio y sus convenios porque, apuntó, «han abierto una brecha con los convenios de empresa y no podemos compartir ese criterio».

 

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