El futuro de Nervacero y Celsa Atlantic se dilucida esta semana en los juzgados

Además de la estrategia futura de la empresa, la decisión judicial va a condicionar también la entrega de los 550 millones de euros que el Gobierno aprobó como rescate financiero del grupo. Las condiciones impuestas por el Ejecutivo para entregar el dinero -básicamente un acuerdo entre propietarios y acreedores- no se han cumplido hasta ahora.

El origen del conflicto se remonta casi una década atrás, cuando la banca aceptó refinanciar la compañía, que había sufrido un duro golpe en la crisis del ladrillo. Buena parte de su producción, como es el acero corrugado que fabrica Nervacero, va destinado al sector de la construcción y es además un producto que viaja mal porque su valor añadido es reducido. En 2017 los bancos comenzaron a deshacerse de la deuda, traspasando los créditos a precios de saldo a fondos de inversión. El algunos casos con descuentos de hasta el 80% -los bancos llegaron a la conclusión de que el futuro de la empresa era muy negro-, la deuda acabó en manos de fondos que, por sus características, suelen llevar el apellido coloquial de 'buitres'.

La deuda es abultada. Unos 2.800 millones de euros en cifras actuales. En 2020 la empresa dejó de pagar algunos de sus vencimientos de deuda, aquejada en este caso por el parón de la pandemia y la negativa de la banca a abordar una nueva refinanciación.

Desde entonces se ha librado una dura batalla en los juzgados y en los despachos. Celsa, propiedad de la familia catalana Rubiralta, ganó un primer round. Un juzgado estimó que estaba justificado un retraso en el pago de 180 millones a los acreedores por «causas de fuerza mayor», debido al parón provocado por el covid.

Pero ha llegado 'la madre de todos los juicios'. Con la nueva legislación concursal en la mano, los fondos de inversión, liderados por Deutsche Bank, reclaman al juez la propiedad de la empresa. Ofrecen transformar 1.291 millones de euros de deuda en acciones para convertirse así, señalan, en propietarios del 100% de las acciones. La oferta parte de la suposición de que el grupo vive en quiebra técnica y que su valor es inferior al de la deuda.

En realidad, varios expertos que han declarado en el juicio -contratados por el juzgado y otros por los fondos- sostienen que el valor de la empresa es inferior al de sus deudas. O, lo que es lo mismo, que su valor es cero por no decir negativo. Otros expertos pagados por la familia Rubiralta han sostenido en la vista justo lo contrario, que el valor de la compañía se acerca a los 6.000 millones de euros.

Un caso singular ha sido el de Kutxabank -un representante del banco vasco ha declarado en el juicio-, ya que ha sido el único acreedor que ante el juez ha tomado partido en favor de los actuales dueños. En su opinión, si la empresa cae en manos de los fondos su vida sería corta y estaría abocada a la insolvencia en un plazo máximo de cinco años.

No en el juicio pero sí en público, tanto los sindicatos como los gobiernos de Cataluña, Cantabria y Euskadi -las regiones afectadas directamente por la actividad industrial del grupo-, también se han mostrado del lado de la familia Rubiralta. La generalizada mala fama de los fondos de inversión genera temor por el despiece o el cierre de instalaciones.